Durante el segundo trimestre de este año, el crecimiento económico del Estado de México fue apenas del 0.6 por ciento, según el indicador de Crecimiento de las Economías Estatales ITAEE del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo cual es un signo preocupante porque no se están dando condiciones suficientes para alcanzar el dinamismo en la economía y la transformación social que permita mejorar las condiciones de desarrollo y crecimiento esperadas, señaló Laura González Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial Estado de México (CCEM)
Ante ello, propuso analizar a profundidad y diagnosticar lo que está ocurriendo en el Estado de México, ya que pese a ser el segundo aportador al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, la economía sufre un estancamiento y no crece al ritmo esperado.
Según dicho indicador, estados como Tabasco, Morelos, Hidalgo, Nayarit, Quintana Roo, Guerrero, Chihuahua, Jalisco, Querétaro y Chiapas crecieron por arriba del 5 por ciento en el segundo trimestre 2022, dijo González Hernández.
Este escenario lo asoció al crecimiento imparable de la economía informal en todas sus modalidades desde el ambulantaje, hasta el establecido, o el comercio electrónico, lo que obliga a repensar en la estrategia y política económica local.
Expuso que a pesar de que entre enero y septiembre de este año se dieron 73 mil nuevos registros de trabajadores en el IMSS, se encuentra por debajo de los empleos formales generados por Ciudad de México (84,738), Nuevo León (88,757) y Jalisco (77,648).
No obstante, comentó, el Estado de México tiene la mayor fuerza laboral del país, lo significa que se está generando una mayor proporción de empleos informales y temporales.
“Es urgente crear un entorno empresarial competitivo y abrir camino para estimular un crecimiento económico de amplia base e inclusivo”.
La presidenta del CCEM hizo hincapié en apostar por una promoción económica de amplio alcance, donde se garantice seguridad jurídica, incentivos a la formalidad, mano de obra calificada y un freno definitivo al asedio administrativo de los diferentes niveles de gobierno, para dar paso a la recuperación del crecimiento económico.
