IMPULSO/Manuel Bartlett
Artículo
Está en proceso la elaboración del Presupuesto de la Federación para el año 2019, definido como: “estimación financiera anticipada de los egresos e ingresos del Sector Público Federal, necesarios para cumplir con las metas de los programas establecidos… instrumento operativo básico que expresa las decisiones en materia de política económica y de planeación” (Glosario SHCP). Pero el presupuesto va más allá de una definición técnica: refleja la estrategia política económica y social del Estado, determinada por su responsabilidad constitucional en el desarrollo nacional: “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral… que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático… El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución” (Artículo 25 constitucional). El presupuesto es una expresión política, social, ideológica de un gobierno, sus intenciones reales.
Frente a esto, a lo largo de tres décadas, los gobiernos neoliberales impusieron un modelo sometido a intereses internacionales y oligárquicos locales. Instrumentaron políticas económicas y financieras conforme al control macroeconómico de las finanzas públicas en detrimento de la infraestructura y servicios del Estado mexicano. Desde entonces, el nulo crecimiento económico fue encausado por el gobierno federal a remozar y reestructurar los privilegios, bajo el prurito neoliberal de mantener la macroeconomía. El gasto no ha apostado al crecimiento, recortado lo social y minimizado la inversión pública, disfrazada con la intervención del sector privado a través de la figura de las Asociaciones Público-Privadas. Para mantener el ascenso del gasto corriente, se ha incrementado los ingresos tributarios contra clases populares, consumidores y asalariados cautivos. Un manejo irresponsable de la deuda pública, y no para inversión, sino en pago de intereses acumulados. Las finanzas públicas son corruptas en favor de privados y para desmantelar instituciones sociales y la inversión productiva. Mientras la riqueza se concentra cada vez en menos manos, los pobres crecen por millones.
Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador ganó el gobierno nacional con el mandato de más de treinta millones de votos, por un cambio de modelo social, político y económico. Desde el Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024 planteó: “en nuestro país existe una República aparente, simulada, falsa… Por eso lo primero que debemos hacer es recuperar democráticamente al Estado y convertirlo en el promotor del desarrollo político, económico y social del país. El desarrollo no sólo depende de una eficaz política monetaria, de control de la inflación y de disciplina fiscal, también es indispensable el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la gente. Se atenderá a todos, se respetará a todos, pero se dará preferencia a los pobres y a los desposeídos”. Este es el proyecto por el que votaron millones de mexicanos y al que cada vez se suman más mexicanos: romper la inercia de tres décadas e impulsar el desarrollo productivo, construcción de infraestructura para impulsar la economía y el empleo en todo el país, como en todo el Sureste con el Tren Maya, reconstruir el campo en todas la comunidades y pueblos en la República, hacer universal el apoyo a la tercera edad, capacitar y becar a millones de jóvenes, sin distingo ni trampas electoreras. Cada declaración sobre estos grandes temas y proyectos es atacada concertada y furibundamente por la pequeña oligarquía interesada en que continué el modelo que tanto les ha favorecido. Pero la legitimidad de la Cuarta Transformación se consolida por el apoyo popular creciente. El cambio de régimen comienza por el presupuesto.
