IMPULSO/ Bettina Falcón Valerdi
Toluca.
Después de ocho legislaturas, el artículo 61, fracción XXX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, fue reformado por la LX Legislaturas para que, en adelante, la soberanía popular apruebe anualmente el presupuesto de egresos del estado, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del mismo y no únicamente expida el llamado paquete fiscal.
El diputado del PT, Luis Antonio Guadarrama Sánchez dio lectura, en tribuna, al proyecto de dictamen que fue discutido en las comisiones de Puntos Constitucionales y Finanzas Públicas, quienes acordaron realizar el cambio al texto, que en la sesión pública del 24 de febrero de 1995 la LII Legislatura del Estado de México redujo, a tan solo expedir dicho documento.
Este proyecto de decreto se aprobó por unanimidad, con 56 votos a favor, dado que al finalizar la sesión al menos 19 diputados ya habían abandonado los trabajos del pleno legislativo, asimismo el decreto será turnado a los 125 municipios de la entidad para su aprobación en su carácter de constituyente permanente.
Por otra parte, el diputado Guadarrama Sánchez presentó la iniciativa para adicionar el artículo 15-bis, a fin de prohibir la contratación de servidores públicos mediante la figura de outsourcing en los poderes y municipios del Estado de México.
Explicó que su partido estuvo en contra de aprobar la contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo, en noviembre de 2012 y en 2013 en el ámbito estatal, porque lesionó gravemente los intereses de la clase trabajadora del país, ya que fue diseñada para favorecer, fundamentalmente, el interés de los empresarios, y no para promover el empleo, la recuperación salarial, elevar el nivel de vida de los trabajadores, la justicia laboral y garantizar democracia sindical.
Explicó que el régimen de subcontratación u outsourcing es anticonstitucional, en tanto que infringe el principio de progresividad en materia de derechos humanos y de las garantías laborales, por ello, todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, deben incrementar gradualmente la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos incluido, por supuesto, el derecho al trabajo y a la seguridad social.
