IMPULSO/ Edición Web
Toluca
La comisión encargada de recabar información sobre los abusos sexuales cometidos en Australia contra menores por sacerdotes católicos confirmó cuatro mil 444 denuncias. El informe abarca casos que van de 1980 a 2015. Así se confirmó al iniciarse una nueva serie de audiencias, que incluirán las declaraciones públicas de todos los obispos del país hasta el 27 de febrero.
El cardenal australiano George Pell es el actual Prefecto de la Secretaría de Economía del Vaticano y es señalado como encubridor de los curas violadores. Él mismo reconoció hace un año por videoconferencia desde Roma, que podría haber hecho más por las víctimas y que, si bien tenía una mala opinión de uno de los curas abusadores, se enteró más tarde de las acusaciones.
El gobierno australiano planea indemnizar con más de tres mil millones de dólares a las víctimas. Cada abusado cobrará hasta 114 mil dólares.
Según Gail Furness, abogada consejera de la comisión, las denuncias comprometen a centenares de religiosos, 93 de ellos con altos cargos en la Iglesia, y se produjeron en más de mil instituciones. “Los niños fueron ignorados o, peor aún, castigados. Las denuncias no fueron investigadas”, aseguró la letrada. La comisión investiga hechos de abuso sexual cometidos por curas en Australia desde 1950.
La edad media de los abusados fue de 11,6 en el caso de los niños (que representan al 78 por ciento de los denunciantes), y de 10,5 en el caso de las chicas (el 22 por ciento restante). En promedio, tardaron 33 años en presentar la denuncia desde el momento en que fueron abusados.
“De las 1,880 personas identificadas como presuntos perpetradores, 597 eran hermanos religiosos, 572 eran sacerdotes, 543 eran laicos y 96 eran hermanas religiosas“, detalló Furness.
Entre 1950 y 2010 más del 20 por ciento de los Hermanos Maristas, los Salesianos de Don Bosco y los Hermanos Cristianos fueron acusados de abusos sexuales. La proporción llega al 40,4 por ciento en la orden de San Juan de Dios.
Curas y religiosos fueron reubicados. Las comunidades donde fueron trasladados desconocían su pasado. Los documentos no fueron guardados o fueron destruidos. El secretismo prevaleció, al igual que los encubrimientos”, agregó Furness, quien también criticó la nula colaboración del Vaticano. La Santa Sede informó que “no era posible ni apropiado proveer la información requerida” por la comisión.
Con información de Página 12
