Preocupa a CIDH proyecto de Ley de Seguridad Interior

IMPULSO/ Agencia SUN
Estados Unidos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó en un comunicado su preocupación por el proyecto de ley de seguridad interior de México porque en su opinión contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos, e instó a que se modifique para evitar la militarización de la seguridad pública.
Según el organismo, normalizar la presencia del ejército como garante de la seguridad interna normalmente viene acompañado de violencia y graves violaciones a los derechos humanos. Reiteró también que es fundamental la separación clara y precisa entre seguridad interior, que debe estar en manos de la policía, y seguridad nacional, función que corresponde al ejército.
“La distinción entre las funciones que le competen a las fuerzas armadas, (…) resulta un punto de partida esencial que no puede obviarse en el diseño e implementación de esa política pública”, apuntan desde la Comisión.
En ese sentido la CIDH recuerda que recomendó al gobierno mexicano que desarrollara un plan concreto para retirar al ejército de las calles y de la tarea de seguridad pública, con un programa que a su vez fortaleciera las capacidades de la policía en ese ámbito.
La Comisión también expresó su preocupación por la presencia de fuerzas armadas durante su visita al país en 2015, a raíz del análisis sobre las violaciones de derechos humanos en México. En ese sentido relacionó la actividad militar en la vida civil con el auge de ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada y altos niveles de impunidad.
“La impunidad que prevalece respecto de los agentes de las Fuerzas Armadas involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos, agudiza la preocupación de la Comisión”, reza el comunicado.
La CIDH concluye su escrito con un imperativo a que México atienda a las recomendaciones y llamados de la sociedad civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y organismos internacionales para además garantizar un sistema de justicia autónomo e independiente.
La existencia de una estructura institucional eficiente, según la CIDH, garantizará “a la población el efectivo ejercicio de los derechos humanos relacionados con la prevención y el control de la violencia y el delito, incluido el crimen organizado”.