IMPULSO/Julio César Bonilla Gutiérrez
(Comisionado Presidente del INFO CDMX)
Opinión
Reconstruir la ciudad es algo más que levantar las edificaciones y las viviendas. La reconstrucción debe ser una reformulación democrática, social y cultural en la que la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas sean herramientas fundamentales para democratizar dicho proceso y, en esa medida, hacerlo claro y comprensible a la ciudadanía.
Tal empresa no es un tema exclusivo de las instituciones de gobierno. Los esfuerzos deben coordinarse entre el Estado y los ciudadanos en una lógica de decidida apertura.
Esta doble dimensión en la correspondencia sociedad-gobierno deviene de una demanda pública de máxima publicidad y de una deficiente sistematización del recurso público y privado destinado a la reconstrucción, interés que se ha reflejado en el aumento de recursos de revisión presentados ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que en el año 2018 sumó 683, mientras que en lo que va del presente año el número ya supera los 700 recursos.
Lo anterior habla sin duda de que la ciudadanía quiere saber, lo cual, es su derecho.
Las personas no sólo tienen el derecho a saber todo respecto de tan sensible tema. Es de una medular relevancia que eso se interiorice en las instituciones encargadas de las tareas de reconstrucción y no sólo respecto de lo ocurrido, sino sobre todo, con las miras puestas en una prevención ante desastres naturales, que sólo será posible con información veraz, completa, oportuna y asequible.
El referido derecho a saber, por la interdependencia que existe entre los derechos humanos, se vincula en este caso con el derecho a la vivienda, eso es cierto. Sin embargo, no sólo hablamos de una reconstrucción material sino también de una restitución de las bases para el ejercicio efectivo de derechos.
De ahí la importancia de construir una política pública de planeación urbana que nos permita actuar de un modo informado en una ciudad de riesgo como la nuestra. Una política no sólo resiliente sino también y sobre todo, preventiva, con perspectiva de derechos humanos, que promueva la participación ciudadana activa y libre de corrupción.
Se requiere una política de reconstrucción transformadora, que conlleve la consolidación de sinergias en el fortalecimiento del tejido social y, a la vez, construya una oportunidad para reposicionar el rol institucional.
En otras palabras, debemos entender gobierno, sociedad civil y órganos constitucionales autónomos, que a la luz del mandato constitucional, el origen, —foco y fin de toda acción y política pública—, son y deben ser siempre las personas.
En este contexto, las instituciones encargadas de garantizar el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, deben comprenderse y explicarse, como vehículos para el válido cuestionamiento de las personas a las instituciones, elemento indispensable para el avance y el paulatino perfeccionamiento de la democracia.
Las instituciones públicas deben, como lo están haciendo, corresponder a ese ejercicio con la mayor de las responsabilidades y acercar las decisiones, acciones, erogaciones y resultados a todo aquel que quiera conocer lo que se hace. La reconstrucción es una tarea de todos, pues la afectación de unos en realidad lo es de toda la sociedad.
La estrategia de fondo sólo puede ser un mayor involucramiento y corresponsabilidad, en otras palabras, más democracia.
