IMPULSO/Ana Lilia Herrera Anzaldo
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La educación pública en México debe ser atendida por el Estado desde una perspectiva integral, requiere soluciones tangibles y duraderas, que trasciendan la demagogia discursiva y brinden a la niñez y a la juventud, verdaderas herramientas para construirse cada día un mejor porvenir.
La campaña terminó y el gobierno federal trascenderá por lo que haga, no por lo que diga. Hoy tendría la enorme oportunidad de romper paradigmas e impulsar una nueva ley de coordinación fiscal que provea de recursos suficientes a la educación pública, como propuso la senadora Beatriz Paredes.
En la reciente discusión de la Reforma Educativa, una de las propuestas del PRI que fueron rechazadas por el gobierno y su mayoría, fue la incorporación de un artículo transitorio que, “para alcanzar la gradual y progresiva gratuidad de la educación superior, incluyera en la Ley de Coordinación Fiscal un Fondo de Aportaciones referenciado a la recaudación federal participable”, recursos que deberían considerarse en el Decreto de Presupuesto 2020 que envía el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, para su correspondiente aprobación.
Y como el presidente López Obrador dijo en una de sus conferencias de prensa mañaneras, que mantendría el control de la nómina de educación básica en todo el país, decidimos tomarle la palabra y pedimos también que la Federación, a través de los mecanismos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, provea los recursos necesarios a fin de pagar la nómina del magisterio federal y los subsidios requeridos para el pago de la nómina del magisterio estatal. La idea también fue desechada en San Lázaro por Morena y sus aliados.
Alcanzar la obligatoriedad en la educación superior, prioridad en la reforma de 2019, sería un gran logro si pasa del papel a la realidad y requiere fortalecer de forma integral los niveles que hoy son obligatorios (desde preescolar hasta educación media superior), partiendo de ejes tan básicos como la infraestructura o la cobertura.
El estudio “La educación obligatoria en México. Informe 2019”, elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), advierte lo que es evidente: “el desarrollo de la infraestructura física educativa del país es deficiente e inadecuado, situación que menoscaba los principios fundamentales que suponen el derecho a una educación de calidad, y obstaculiza la entrega de servicios universales, equitativos y suficientes”.
Asimismo, el organismo constitucional autónomo —a cuya desaparición también nos opusimos sin éxito— detalla que, según datos de la Encuesta Intercensal 2015, “4.8 millones de habitantes con edades entre 3 y 17 años no asiste a la escuela; por grupos de edad, las tasas más altas de inasistencia se encuentran en la población de 3 a 5 años y en la de 15 a 17 años, lo cual equivale a 2.3 y 1.7 millones, respectivamente”.
El gobierno federal volvió a la legalidad, después de la indignación por su pretensión de modificar la Constitución a través de un memorándum. Sin embargo, estamos frente al riesgo que advirtió en el Congreso la ex gobernadora Beatriz Paredes: “esta reforma nos puede calificar en el tiempo como una legislatura demagógica, por lo que es indispensable que el Estado provea del presupuesto que haga sustentable la reforma y las conquistas de obligatoriedad que se han consagrado”.
Coincido, necesitamos un nuevo federalismo educativo. Que el “nuevo régimen” sustituya la visión clientelar por una integral. El sexenio pasado la apuesta por la educación no fue solo legal: incluyó presupuesto para dar estímulos económicos a las maestras y maestros mejor evaluados e invirtió en la construcción y el mantenimiento de la infraestructura educativa. ¿Se van a quedar atrás?
