IMPULSO/Agencia SUN
Nicaragua
La historia y el futuro de Nicaragua cambiaron el miércoles 18 de abril de 2018. Sólo cuatro meses después —cumplidos ayer— de un estallido popular en respuesta a una intensa represión que el oficialismo lanzó en contra de una protesta de repudio a una reforma a la seguridad social, el saldo de la más grave crisis desde 1990 en el país más pobre de Centroamérica y la más aguda del siglo XXI cerró preliminarmente en negativo y sin expectativas reales de solución.
Pero el desenlace del pleito modificará el mapa político, institucional, social, económico y cultural nicaragüense. Una frase-pregunta-reflexión-relato que apareció ayer en una de las múltiples pancartas en una marcha antigubernamental, pareció resumir el dramático panorama interno: “¿Qué sos Nicaragua para dolerme tanto?”.
Según datos de la no estatal Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), el balance de cuatro meses de revueltas es de más de 300 muertos por la represión oficial a las protestas, 120 desaparecidos, más de 3 mil heridos, 137 presos políticos y 60 periodistas bajo amenaza del oficialismo. Otros informes de activistas no estatales de derechos humanos fijaron el número de víctimas mortales en 448; el gobierno aseguró que son 198.
Oficialistas y opositores marcharon ayer en distintas zonas de Nicaragua y reafirmaron sus posiciones desde extremos aparentemente irreconciliables del conflicto. Por un lado, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que aglutina a los opositores, demandó el cese de toda forma de violencia y la reapertura del diálogo, con mediación de la jerarquía católica y con testigos y garantes internacionales para acordar el anticipo de los comicios, liberar a los presos políticos, ubicar a los desaparecidos, terminar con la represión, las tomas de tierras y el acoso a opositores y desarmar a las fuerzas paramilitares oficialistas.
Aunque la crisis emergió con los reclamos callejeros antigubernamentales por la reforma que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aplicó a la seguridad social, y que debió derogar, luego viró a un multitudinario reclamo de democratización para acabar con lo que los opositores denominaron como dictadura dinástica. Los opositores demandaron que se anticipen las elecciones de 2021 a 2019 y que el gobernante y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, abandonen el poder y acepten abrir paso a una transición democrática institucional.
El mandatario ya descartó su renuncia y la de su esposa, rechazó adelantar los comicios, negó que su aparato de seguridad haya reprimido. Electo en 2006, gobernante desde 2007 y reelecto en 2011 y 2016 en cuestionados procesos electorales para gobernar al menos hasta 2022, Ortega calificó a los opositores como un sector derechista, golpista y terrorista que se alió al gobierno de Estados Unidos para romper el orden constitucional y provocar su derrocamiento por vías violentas.
El 19, diario digital oficialista, publicó ayer que un gran número de nicaragüenses firmó una carta en demanda de justicia para “las víctimas del terrorismo”, en alusión a los opositores. “El pueblo exige justicia y reparación para las víctimas del golpismo y terrorismo, y cárcel” para los causantes del “luto, destrucción y daños irreversibles a las familias nicaragüenses”, alegó.
Desde la oposición, la respuesta ayer en las calles a Ortega, Murillo y su familia fue: “¡De que se van, se van, y si no se van, los sacamos!”.
