José Antonio Crespo
Artículo de opinión
Probablemente todos los países determinan su política exterior a partir del pragmatismo político: conveniencia económica, consideraciones estratégicas o militares, y alianzas o afinidades con ciertos países. Pero cualquiera que sea la decisión, buscarán legitimarla a partir de las partes de la ley que sirvan, desconociendo otras que contradigan la posición adoptada. Además las interpretan a modo. Eso ocurre también con nuestro actual gobierno. Decidió no sumarse al Grupo de Lima por razones de respaldo a Venezuela (signadas por Morena en el Grupo de Sao Paulo), y luego buscó qué parte de la ley -y qué interpretación de las muchas que puede haber- servía para legitimar su posición.
A partir de ahí, el gobierno justifica su postura señalando que hay estricto apego a la Constitución; que con una decisión distinta la estaría violando. Pero siempre podrán encontrarse elementos de la ley que podrían justificar otras opciones. Un ejemplo es la “autodeterminación de los pueblos”. ¿Cuál es el pueblo en Venezuela? ¿La mayoría que eligió un Congreso opositor o Maduro y los suyos? ¿La autodeterminación de qué parte del pueblo es la que debe respetarse, la de cuál de los bandos? En realidad, lo que México está respetando es la autodeterminación de Maduro. El artículo 89 tendría entonces que decir: “Debe respetarse la autodeterminación de los gobernantes [incluso si son dictadores], y no la de los ciudadanos”.
También se deja de lado otra parte de la ley; la promoción de los derechos humanos, que exige pronunciamientos y acciones diplomáticas para defender y promover esos derechos en otros países. Para salir del paso, dijo Marcelo Ebrard que en México también se violan derechos humanos, como diciendo, “no podemos reclamar a nadie lo que nosotros no cumplimos” (candil de la calle…). Suena bien, pero la pregunta sería; ¿quién viola los derechos humanos en México? Ese concepto se refiere no a los crímenes que cometan diversos actores sociales, sino a abusos del gobierno. ¿El actual gobierno viola los derechos humanos, y por eso no puede exigirle a Maduro nada? Hasta ahora no. Sin duda hubo violación de los derechos humanos en gobiernos pasados, y en esa medida esos gobiernos no tendrían derecho a exigir nada a otros gobiernos. Pero el actual gobierno, libre de ello, sí puede. Si en una interpretación laxa de lo que son los derechos humanos se considera que también otros actores los violan, como el crimen organizado, tampoco sería pretexto para que el actual gobierno no exigiera lo mismo en otros, pues la política exterior es asunto del gobierno, no de los narcotraficantes u otros actores. Es como si alguien dijera: “No te puedo reclamar que golpees a tus hijos, porque en mi colonia hay vecinos que también golpean a los suyos”. Absurdo.
Por otro lado, la política rígida de no intervención entra en contradicción con la Carta Democrática Interamericana, que acepta ciertas formas de presión diplomática, jamás militar. ¿Los acuerdos internacionales que firma un gobierno dejan de valer cuando llega un nuevo gobierno? No precisamente. Así, hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos basadas en la Carta Democrática que obligan a México, por decisión de México. Si su decisión hubiera sido firmar la Declaración de Lima, la legitimaría a partir de dichas sentencias que ahora ignora.
Finalmente, es engañoso el comunicado de Relaciones Exteriores donde dice que México y Uruguay se pronuncian por una solución pacífica del conflicto venezolano, como sugiriendo que los demás países no quieren una solución pacífica, y no es así. Todos hasta ahora se pronuncian por eso mismo, pero creen que sólo se conseguirá con nuevas elecciones presidenciales. Pero eso dañaría a Maduro, y México no quiere contravenirlo por razones distintas al apego a la ley. Así pues, primero se toman las decisiones y después se elige qué parte de la ley sirve para legitimarlas, dejando de lado otras que también conforman en el marco legal pero contravendrían dichas decisiones.
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