IMPULSO/David Esquivel
Tlalnepantla
Elementos del Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Urbana Auxiliar del Estado de México (CUSAEM) demandan la destitución del comandante Nicolás Rodríguez Hilario.
“Los agentes pidieron que se le practique una auditoria al manejo de los recursos económicos que cobra el comandante Nicolás Rodríguez a empresas privadas a las que facilita servicio de seguridad y custodia el cuerpo policiaco, además de que regrese tres patrullas donadas por vecinos de Ecatepec y Villa Nicolás Romero para la seguridad de sus comunidades, puesto que el jefe policiaco las utiliza en empresas particulares”, así lo manifestaron la comandante Herminia Flores Alarcón, Francisco Gerardo Solís Rivero, representante de la Unión de Colonos del Estado de México (UCEM), y Ernesto Lazarini, asesor de los vecinos, quienes en entrevista señalaron que Nicolás Rodríguez Hilario despojó a comunidades de las tres patrullas donadas por vecinos a la CUSAEM, de armas y equipamiento, también comprados por colonos, y retiró nueve unidades designadas a los municipios de Nicolás Romero, Atizapán, Tlalnepantla, Ecatepec y Tultitlán.
Explicaron que los policías auxiliares reciben una cooperación de 15 a 20 pesos semanales aportados por los vecinos voluntariamente, dinero para que realicen rondines nocturnos de prevención del delito en sus comunidades, pero el comandante Rodríguez Hilario trata de imponer una cuota obligatoria de nueve mil pesos quincenales por cada elemento asignado en colonias donde prestan el servicio y, como no le han entregado la cuota impuesta, dejó de pagar la nómina a 26 elementos comandados por Herminia Flores Alarcón.
Según los entrevistados, la cooperación vecinal ya no será voluntaria, sino obligatoria, y explicaron que un representante de los vecinos debe juntar el total de los nueve mil pesos exigidos por Rodríguez Hilario.
Los quejosos sustentaron su denuncia con documentos oficiales.
Dato
En Nicolás Romero se negaron a pagar y les quitó las dos patrullas, las comisionó a vigilar empresas privadas que le pagan 30 mil pesos quincenales por unidad, y ante la exigencia de que regresen las patrullas, los quejosos han recibido amenazas anónimas.
