IMPULSO/ Paola Félix Díaz
A partir de las reformas constitucionales de 2014 y las de 2018 a la Ley de Planeación, por primera vez en nuestro país, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), fue remitido por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados para su aprobación en un plazo no mayor de dos meses a partir de su recepción. Lo cual, constituye un importante avance democrático que fortalece el equilibrio entre los Poderes y da paso al Estado de Derecho.
Bajo el anterior orden de ideas, las y los diputados federales, analizarán el PND para determinar, si éste incluye cabalmente los fines del proyecto nacional, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como una adecuada planeación democrática que refleje la visión, aspiraciones y demandas de la sociedad nacional, a efecto de dar paso a la instrumentación de políticas y programas públicos que permitan alcanzar los objetivos y metas propuestos.
El PND remitido al Congreso y difundido por el Ejecutivo Federal, el pasado 30 de abril, es un documento institucional que merece un particular espacio de análisis. En este sentido, es de señalar que, en primer lugar, el PND es un documento claro, inteligible, honesto y congruente con el proyecto de Nación, planteado desde un inicio por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y por el que se pronunció mayoritariamente el pueblo de México. Es, un instrumento de política pública, sencillo y sin dobleces, escrito por y para la sociedad y sus sectores que da cuenta clara de lo que significa la Cuarta Transformación.
Es un PND libre de pragmatismos que contiene valores, ideales y una clara vocación republicana, que entiende el contexto internacional y nacional con sus claroscuros. De ahí que, expone la problemática nacional y sus contrastes: el México próspero, moderno, conectado con el avance económico y tecnológico mundial, aunque concentrado en pocas manos y regiones, y; el México pobre, marginado, sin acceso a las oportunidades y con escasas posibilidades de ejercer sus derechos, representado mayoritariamente a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.
El PND pone a la luz la necesidad de aparejar la tan destacada estabilidad macroeconómica durante los últimos 20 años al crecimiento económico tangible que se pueda ver y sentir en la mesa, bolsillo y servicios de las y los mexicanos. Para ello, plantea adoptar una nueva visión, donde las personas como sujetos de derecho, sean el centro de la política pública a partir de “un modelo de desarrollo económico y social equitativo, sostenido y balanceado”.
El desarrollo nacional se proyecta en los próximos seis años a partir de tres pilares fundamentales: 1. Afianzar la justicia y el Estado de Derecho para que el gobierno sea garante de los derechos humanos establecidos en la Constitución y para construir un país donde impere la ley y la justicia; 2. Garantizar el goce de los derechos sociales y económicos establecidos en la Constitución; y 3. Incentivar un desarrollo económico dinámico, equilibrado, sostenible y equitativo que amplíe las capacidades, presentes y futuras de todas las personas.
Además, identifica tres problemas relevantes que plantea atender por medio de igual número de ejes transversales, los cuales derivarán en programas y presupuesto públicos enfocados en combatir: la desigualdad de género, la discriminación y la exclusión de diverso grupos de la población; la profunda corrupción rampante y las ineficiencias de administración pública; y un modelo de desarrollo insostenible, así como la falta de una adecuada conceptualización del territorio, concebido éste como espacio de interacciones económicas, políticas, medioambientales y sociales. En suma, propone reconstruir al país y transformar su vida pública para el bienestar de la población, combatiendo la corrupción y realizando una reingeniería del gasto público para reorientarlo hacia la población más desfavorecida, no como una retórica asistencialista, sino para saldar una deuda social histórica, a través del incremento de la productividad y la capacidad de consumo para reactivar la economía y mejorar la calidad de vida de quienes hoy son los más pobres y vulnerables.
Así, los apoyos directos, la creación de empleos formales, la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y la inclusión financiera, serán acciones fundamentales para incorporar a la mayoría de la población a los beneficios del desarrollo y lograr el bienestar tan largamente anhelado.
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