IMPULSO/Agencia SUN
Ciudad De México
Juez de Distrito del Poder Judicial de la Federación determinó que deberá reabrirse la carpeta de investigación en contra del ex presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Enrique Solana, por supuestamente vender con sobreprecio tabletas electrónicas al gobierno mexicano.
A pesar de que la Procuraduría General de la República dio carpetazo a las acusaciones que existen en contra de Solana y un grupo de ex directivos de dicha confederación, entre ellos el actual vicepresidente, Ricardo Navarro, y la ex directora de Administración, Virginia Martínez. Pero con la decisión del juez Marco Antonio Fuerte Tapia se revocó el no ejercicio de la acción penal.
Así, la autoridad judicial deberá reabrir el caso por el que se presupone que el ex líder de la Concanaco vendió tabletas al gobierno federal para un programa de formalización de pequeños y medianos comerciantes a un precio de 5 mil 800 pesos por unidad, lo que significó un sobreprecio de 3 mil 400 pesos, ya que en realidad costaron 2 mil 500.
La orden del juez implica que deberá de realizarse la investigación para comprobar si hubo dolo en la transacción y si verdaderamente se impuso un precio mayor al real a las tabletas. De descubrirse que sí hubo daño al erario, se podrá proceder a una acción penal, de acuerdo con fuentes ligadas al proceso.
Aplauden medida. Al respecto, Juan Carlos Pérez Góngora, ex vicepresidente de la Confederación y quien denunció los hechos, dijo que esto muestra que el sistema judicial mexicano “ya no se ve obligado a proteger a personajes influyentes o con intereses específicos”.
Para el empresario, a quien se le rechazó su candidatura para convertirse en aspirante a la presidencia de la Concanaco en 2017, “la PGR —a través del Ministerio Público— no había realizado una investigación a fondo de este caso y ha sido objeto de presión por parte de las propias autoridades del Instituto Nacional del Emprendedor y de la Secretaría de Economía, las cuales han buscado tapar a toda costa los verdaderos hechos”.
Agregó que con la decisión del juez, el Ministerio Público deberá hacer su trabajo y consignar cualquier delito que se encuentre, ya que los acusados se beneficiaron con más de 50 millones de pesos al ser sus empresas las proveedoras del gobierno.
Dijo que debe sancionarse a los implicados, al participar con sus empresas y aumentar deliberadamente el costo de las tabletas con un beneficio de más de 50 millones de pesos.
Pérez Góngora comentó que es necesario que el sector empresarial mexicano sea el primero en señalar los actos de corrupción en el que pueden estar implicados los propios miembros del sector privado, ya que “no podemos exigirle a nuestras autoridades que mantengan una conducta alejada de la corrupción cuando nosotros tenemos este tipo de problemas al interior de nuestros organismos”.
