IMPULSO/ Agencia SUN
San Cristóbal de las casas, chis.
Familiares del agente de la Policía Federal (PF), Luis Alberto Aguilar Morales, de 44 años de edad, detenido por la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, del penal de máxima seguridad El Altiplano, Estado de México, el 11 de julio del 2015, pidieron su libertad, por considerar que está “injustamente preso”.
Rocío Guadalupe Figueroa Morales, hermana del agente, dio a conocer en entrevista que junto a su hermano hay otros 11 elementos de la corporación, que el día de la fuga estaba en el área de videovigilancia, con cámaras sin acceso a audio.
En el caso de los agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que sí contaban con audio directo de la celda del sinaloense, ya quedaron en libertad, explicó.
Por este caso, eran 68 los detenidos, pero después bajó a 61, luego a 18, finalmente a 12, con la liberación del oficial Amir Mota Carrillo, quien ya fue reincorporado a la PF, después de aprobar todos los exámenes de control y confianza.
Con ocho años en la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Alberto Aguilar Morales estaba comisionado en el estado de Oaxaca, dos años y medio antes de ser trasladado hacia el área de vigilancia del penal del Altiplano, en el Estado de México.
Esa noche del 11 de julio que Guzmán Loera se fugó de la prisión, el área donde se encontraban los agentes federales se apagaron los monitores y pudieron ver que segundos antes, el detenido no estaba, por lo que creyeron que había sufrido un desmayo.
En el caso de Luis Alberto Aguilar Morales, llamó inmediatamente a sus superiores para informar lo que había ocurrido, mientras que Amir Mota Carrillo y otro elemento corrieron hacia la celda donde estaba el detenido y al descubrir el túnel ingresaron solo con un radio, una lámpara y “sin ninguna arma para protegerse”.
En el caso de Luis Alberto Aguilar Morales, originario del municipio de Cintalapa, Chiapas, fue detenido en el Centro Federal de Readaptación Social número 12, de Guanajuato, acusado del delito de evasión de reos y omisión del código rojo, pero quedó en libertad, por falta de pruebas y se reincorpora a su trabajo.
Meses después la Procuraduría General de la República (PGR), apela la sentencia, al argumentar que tiene en su poder 109 videos que inculpan a Aguilar Morales y sus compañeros, pero solo son “pruebas para manchar el nombre de mi hermano y hacer creer que en el área donde él laboraba tenían acceso al audio, pero es mentira”, detalla Rocío Guadalupe.
Fue entonces que Luis Alberto es reaprendido y trasladado al penal de de Tepic, Nayarit, donde el abogado José Alberto de la Cruz Conde, hace un acumulado de las dos causas penales 48 y 55, por evasión de presos y omisión del código rojo y por esto, solicita medidas cautelares, pero el exhorto es detenido por el Ministerio Público.
Un nuevo abogado que tomó el caso en noviembre del 2017, solicitó la aplicación de medidas cautelares para el chiapaneco, con el fin de que no tenga prisión preventiva, sino que desde su domicilio siga el proceso, acuda a visitas médicas y al finalizar el caso pueda regresar a su trabajo.
Como consecuencia del encierro de año y medio, Luis Alberto ha sufrido estrés y se le ha agudizado un problema cardíaco.
Los hermanos, padres y esposa del detenido, tienen que viajar desde Cintalapa y Tapachula, Chiapas, para visitarlo en el penal, en una travesía que casi mil 900 kilómetros de distancia, trayecto que puede demorarse hasta 40 horas de viaje, aunque puede prolongarse hasta por una semana, por los trámites en el Juzgado Cuarto de Toluca.
El abogado del agente federal, “es muy capaz y con experiencia y seguimos trabajando en la parte jurídica, pero confiamos en la buena fe y el trabajo de la Juez Cuarto de Procesos Penales Federales del Estado de México, Guillermina Matías Garduño, para que este caso se solucione de la mejor manera”, explica la hermana del detenido.
Actualmente la familia del agente federal, elabora queso y pan, para que pueda costear honorarios al abogado, los viajes a Ciudad de México, Toluca y Nayarit, y enviarle dinero a Luis Alberto para la compra de algunos productos de la tienda del penal.
Rocío Guadalupe dice que es “injusto” que su hermano y compañeros de trabajo están acusados por la fuga de El Chapo, ya que los responsables directos son los guardias de custodia y carcelarios, quienes “no hicieron nada al momento que ya no se vio nada en las cámaras”.
Las líneas de investigación por este caso, se cerraron y aunque hay personas aún que evaden la justicia, las familias de los 12 detenidos, han presentado en su defensa, cartas del Comisionado General de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto y el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, donde avalan el trabajo de los detenidos.
