IMPULSO/ Agencia SUN
Ciudad de México
La organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) pidió al presidente Enrique Peña Nieto respetar los derechos de las comunidades indígenas y agrarias de Chihuahua y Durango y “no ceder a presiones de inversionistas”.
En una carta dirigida al Ejecutivo, el ProDESC explicó que la Cámara de Comercio de Canadá en México y la propia ministra de Comercio de aquel país, Chrystia Freeland, han solicitado al Ejecutivo que su gobierno garantice certidumbre para las inversiones de empresas canadienses.
Sin embargo, Alejandra Ancheita, directora de ProDESC, señaló que hay incertidumbre entre los ejidatarios poseedores de la tierra donde se encuentran trabajando varias empresas mineras canadienses.
Se trata del Ejido de La Sierrita de Galeana, en Durango, donde la mina La Platosa, perteneciente a Excellon de México S.A de C.V, explota los yacimientos de plata, plomo y zinc.
Excellon de México inició operaciones en 27 hectáreas del ejido, con permiso para ocuparlas por 30 años con un pago único por un millón 200 mil pesos. Después de varias inconsistencias y violaciones por parte de la empresa a ese primer contrato, los ejidatarios buscaron de manera pacífica dialogar con la empresa y se llegó a un acuerdo en 2008.
Las partes firmaron un Contrato de Ocupación Temporal por la renta de mil 100 hectáreas por un monto de 5 millones 500 mil pesos anuales, que aumentarían año con año de acuerdo con la inflación, pero algunas cláusulas fuero incumplidas por la empresa y el caso llegó Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto con sede en Torreón, Coahuila.
El tribunal estableció el término de la relación contractual entre los ejidatarios de La Sierrita y Excellon de México, por lo que la empresa tendría que hacer entrega inmediata de las mil 100 hectáreas de tierras pertenecientes al ejido.
Asimismo, este tribunal estableció que el ejido debía pagar a la empresa la cantidad de 5 millones 612 mil pesos, manteniendo un embargo sobre las tierras hasta que se realice el pago.
“El embargo significa una clara violación al artículo 27 de la Constitución. Este artículo reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales, así como la protección de su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano, como para actividades productivas”, denunciaron.
