IMPULSO/ Agencia SUN
Ciudad de México
A 11 años de que Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González fueron detenidas arbitrariamente y acusadas de secuestrar a seis miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI), la Procuraduría General de la República (PGR) ofrecerá una disculpa pública y reconocerá su inocencia.
A través de sus redes sociales, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez dio a conocer que el próximo 21 de febrero en las instalaciones del Museo Nacional de Antropología se realizará este “evento inédito”, que forma parte de la reparación del daño que ordenó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), por haber acusado a las tres mujeres indígenas ñhä-ñhú de secuestrar a los agentes federales.
El caso de Jacinta, Alberta y Teresa comenzó el 26 de marzo de 2006, en el tianguis de Santiago Mexquititlán, Querétaro, cuando seis agentes de la AFI, despojaron a varios comerciantes de sus mercancías y acusaron que se trataba de piratería. Los afectados exigieron que los autores se identificaran y exhibieran la orden que avalará el desalojo, por lo que los elementos que participaron en tal operativo dejaron la comunidad y acordaron con los comerciantes pagar por los daños causados.
Luego de cinco meses, las mujeres fueron detenidas bajo engaños y presentadas ante los medios de comunicación en las oficinas de la PGR por el supuesto secuestro de los oficiales de la AFI.
El 19 de diciembre de 2008, Jacinta fue la primera en recibir una sentencia condenatoria de 21 años de prisión y 2 mil días de multa, que equivalía a 91 mil 620 pesos. Apenas había pasado un mes cuando Alberta y Teresa corrieron la misma suerte, en el caso de Alberta también se le condenó a 10 meses más, por la tener en su poder cocaína.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, asumió la defensa de los casos, y Amnistía Internacional México declaro a las tres indígenas “presas de conciencia”, debido a que realizó una investigación en la que concluyó que no existía ningún elemento probatorio que demostrara la comisión de delito.
En septiembre de 2009, la PGR no presentó conclusiones acusatorias en contra de Jacinta Francisco, por lo que fue liberada, un año más tarde la mujer ñhä-ñhú decidió exigir al estado una reparación del daño por la injusta reclusión a la que ella, Alberta y Teresa fueron sometidas y presentó una petición por responsabilidad patrimonial ante la Procuraduría.
Alberta y Teresa salieron del penal de San José El Alto, ubicado en Querétaro, hasta abril de 2010, ya que por unanimidad, la ministra y los cuatro ministros de la Primera Sala de la SCJN resolvieron recovar la sentencia y las declaró inocentes, al igual que Jacinta, pidieron una disculpa pública por parte de la PGR.
La PGR negó la solicitud de las mujeres porque consideró que sus elementos habían actuado de modo regular, a su vez, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó en sentencias separadas que los servidores de la PGR cayeron en irregularidades y con ello causaron daños morales y materiales a las tres indígenas, por ello ordenó que se les indemnizara y se reconociera su inocencia a través de una disculpa pública.
Tras una serie de recursos presentados por la PGR, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa insistió en condenar a la procuraduría a reparar el daño a las tres mujeres, por lo que el próximo martes cumplirá con la disculpa pública.
