IMPULSO/ Óscar Mario Beteta
Financiamiento privado, obligada rendición de cuentas
En la perspectiva de que se apruebe la propuesta del PRI de terminar de manera permanente el financiamiento público para todos los partidos, lo que implicaría dar un paso decisivo hacia la “democracia” oligárquica, hay que actuar con celeridad.
Lo que el pueblo quiere es que esos organismos no sean tan onerosos como inservibles, como de larga data lo han demostrado.
Por ética y recato, pero sobre todo por la urgencia que vivimos, están obligados a un poco de austeridad.
La iniciativa, que tiene como argumento el propósito de que los cuantiosos recursos que por ley se destinan a los partidos sean canalizados a la reconstrucción de los daños por los sismos, debe concretarse a la brevedad.
Los pretendidos objetivos que estaría buscando el PRI de dejar sin dinero a los demás partidos y recibir financiamiento legal de la iniciativa privada, pero eventualmente ilegal del narcotráfico, pueden despejarse con base en una legislación adecuada.
La propuesta de eliminar 64 senadurías y 200 diputaciones plurinominales para ahorrar una cantidad importante tendría que aprobarse sin discusión.
No habría una sola persona que se opusiera a materializar esa necesidad. La difícil prueba a la que está siendo sometido el país por los temblores y en cuyo inicio de la reconstrucción la participación espontánea, desinteresada y solidaria de la ciudadanía ha sido determinante, obligaría a considerarla especialmente.
Decidir la forma de hacerlo no implicaría dificultad ni demora. Consultada la población y consensuada la decisión de caminar hacia la oligarquización de la política, en la que quienes pueden hacerlo financien partidos y campañas, tendría éxito.
En ese supuesto, se estaría en ruta de construcción de una oligarquía democrática. Teóricamente, por contraparte, la oligarquía “democrática”, significaría la entronización de actores en cargos públicos que tendrían como distintivo sus fortunas.
Por definición, sería un número limitado y es evidente que, en el ejercicio del poder, vería prioritariamente por los de su clase, lo cual ahondaría la discordia, las pugnas y la confrontación de la que como país no nos hemos podido liberar por siglos.
La duda de que sin financiamiento público los partidos se echarían en los brazos de los detentadores del poder económico, incluidos los grandes capos del crimen organizado, puede superarse con un fuerte y eficaz sistema de fiscalización que cancele esa posibilidad.
Después del desastre material en México por los movimientos telúricos, y en los que la pérdida de vidas humanas es lo más doloroso, son indispensables cambios radicales, de fondo.
El que propone el PRI, es consistente, viable, pero sobre todo necesario y urgente. Está en manos de los congresistas impedir que la propuesta de algo que puede ser bueno, sea pernicioso. Es lo que la sociedad espera de ellos. Es lo que bajo ninguna circunstancia le deben regatear.
