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Penales, peligrosamente sobrepoblados: Inegi

IMPULSO/ Agencia SUN
Ciudad de México

Al cierre de 2015, el número total de personas recluidas en los centros penitenciarios a cargo de las entidades federativas ascendió a 217 mil 595 presos, cifra 28.6% superior a la capacidad instalada en las 272 instalaciones existentes en el país, de acuerdo con los resultados más recientes del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales dado a conocer por el Inegi.

Su capacidad instalada general asciende a 169 mil 227 personas, y se refiere a los espacios con los que contaban las penitenciarías al 31 de diciembre de 2015, medido en número de camas útiles para alojar a las personas recluidas, conforme lo explica el mismo instituto.

En 21 de los 32 estados la capacidad instalada de sus cárceles es superada por su población, en detrimento de su eficiencia y seguridad.

Entre las entidades cuyos centros penitenciarios se encuentran rebasados destaca Nayarit, que cuenta con un solo reclusorio con capacidad para 962 reos, cuando su población al cierre del año pasado era de 2 mil 679 presos, es decir, 178.5% superior.

Otro caso similar es el Estado de México, que cuenta con 20 reclusorios con una capacidad de más de 11 mil personas, pero la población al 31 de diciembre de 2015 era de 26 mil 856 reclusos, 146% superior.

Le sigue en orden de importancia Hidalgo, con 12 penitenciarias con capacidad instalada rebasada en 84.7%; Jalisco, con 12 penales rebasados en 74.4%; Durango con 3 centros carcelarios superados en 74.1%, y la Ciudad de México, con 13 cárceles rebasadas 50.8%, por mencionar los casos más graves.

Por el contrario, entre los estados cuyos centros de reclusión cubren las necesidades penitenciarias de la entidad, se encuentra Yucatán, que cuenta con cuatro cárceles con una capacidad instalada para 2 mil 943 reos y con una población que al 31 de diciembre de 2015 ascendía a mil 627 personas, es decir, 44.7% por debajo de su capacidad.

En esta situación se encuentra también Zacatecas, que cuenta con 19 centros de reclusión y el número de reos representa 34.7% de su capacidad instalada; Querétaro, con cuatro penales y con una población 33.1% inferior a su capacidad; Guanajuato con 10 centros, y con 22.5% menos de reos; Colima con tres penitenciarias y con capacidad para recibir aún a 18.3% internos, y Tlaxcala que tiene capacidad para atender a 14.2% más reclusos.

El censo revela que en 2015 ingresaron a los centros penitenciarios a cargo de las entidades federativas un total de 166 mil 532 personas y 169 mil 790 personas salieron de prisión. Al 31 de diciembre del año pasado se contó un total de 217 mil 595 personas recluidas.

Del total de ingresos, 88.1% corresponde a delitos del fuero común (146 mil 696), 9.5% del fuero federal (15 mil 815) y 3 mil 986 fueron recluidos por delitos del fuero común y federal; con relación al total de egresados, 86.5% (146 mil 835 casos) corresponden al fuero común, 12.5% al fuero federal (21 mil 232) y 1% a egresos por delitos del fuero común y federal.

Del total de reclusos al cierre de 2015, 190 mil 537 (87.6%) correspondió al fuero común, 22 mil 330 al fuero federal (10.3%) y 4 mil 728 (2.2%) a reos por delitos de ambos fueros.

Del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, el Inegi destacó que durante 2015 se iniciaron o abrieron un total de un millón 532 mil 403 averiguaciones previas o carpetas de investigación, según corresponda, por un total de 992 mil 950 averiguaciones previas o carpetas de investigación determinadas; mientras que al 31 de diciembre del año de referencia se registraron un total de 988 mil 437 averiguaciones previas en trámite y carpetas de investigación pendientes por concluir.

Mientras que del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal destacó que durante 2015 se registraron, por un lado, 182 mil 764 delitos en causas penales ingresadas, mientras que por la vía de Justicia Alternativa se registraron 14 mil 250 ilícitos y conductas antisociales registrados en los expedientes abiertos derivados de las solicitudes procedentes por aplicar la llamada Justicia Alternativa.

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