IMPULSO/Luis Ayala Ramos
Nezahualcóyotl
- La privatización, opción para mejorar la instancia de los reos; Derechos Humanos ha intervenido, pero no actúa conforme a la ley.
“Existe un una ley penitenciaria de hace décadas y no la han actualizado”, afirmó Montes Leal, maestro en Derecho.
Debido a la corrupción que prevalece en los 22 Centros Preventivos del Estado de México, al menos el 75% de los reos son inocentes acusados injustamente, lo cual ocasiona hacinamiento y riñas, aseguró Santos Montes Leal, catedrático en Derecho de la UNAM.
Agregó que el control de los penales lo tienen los delincuentes, quienes se han apoderado de ellos, lo que ha provocado la extorsión de los familiares de los internos, quienes deben pagar a la delincuencia organizada mil pesos cada semana por lo menos para ingresar a visita, por pago de seguridad, por comida, aseo personal y para que sus familiares no se vean involucrados en otros delitos.
“De cada mil reos, el 75% es inocente debido a que el Sistema Penal Acusatorio, en lugar de ser un proceso corto que debe tardar por lo menos un par de meses, toma hasta más de un año, ello a consecuencia de que existe un una ley penitenciaria que no han actualizado”, afirmó el académico.
La corrupción se ha dado desde que se construyeron los penales, este ilícito se da desde los funcionarios públicos hasta los mismos familiares de los internos, quienes deben pagar por todo lo que se lleva a cabo al interior de las cárceles mexiquenses.
El hacinamiento es otro de los problemas, el cual obliga a los reos a tener que “amarrarse” con las sábanas a los barrotes, pues ya no caben en los dormitorios, sobre todo cuando fueron construidos para cuatro presos y en la actualidad tienen más de 10 individuos en su interior.
Hace tiempo se pretendía liberar a algunos presos para que llevaran a cabo su proceso fuera de la prisión mediante la colocación de brazaletes, pero la autoridad argumenta que no los hay y que, si lo quieren los familiares de los detenidos, éstos deben pagar para obtener uno.
Montes Leal afirmó que “la privatización sería una opción para mejorar [sic] la estancia de los reos en las cárceles”. Diversas instancias de Derechos Humanos han intervenido, pero no se actúa conforme a la ley debido a que no tienen la facultad de sancionar, sólo pueden hacer señalamientos o recomendaciones, es decir, la autoridad acata la resolución si es que quiere.
Se debe renovar la ley penitenciaria, por lo que es necesario que el Congreso actúe de una forma rápida para evitar más corrupción y así evitar que “se sigan retrasando los procesos para que los abogados se vean en la necesidad de ofrecer dinero a los jueces para agilizarlos”, finalizó el abogado.
