IMPULSO/ Eduardo Alonso/Arturo Hernández
Ocoyoacac
: Santiago Pérez Alvarado presume que GEM estaría girando una orden de aprehensión en su contra por estar al frente de la defensa jurídica de los opositores al tren Toluca-Ciudad de México.
Por su trayectoria y reconocimiento social el padre católico Alejandro Solalinde podría fungir como mediador en el conflicto que en las últimas cinco décadas ha mantenido enfrentados a vecinos de las comunidades San Juan Coapanoaya, Santa María Tepexoyuca, San Jerónimo Acazulco y autoridades estatales y federales, dijo Santiago Pérez Alvarado, abogado de ejidatarios de ésta última comunidad.
En conferencia de prensa el activista, especialista en leyes y asesor de conflictos sociales dijo que en los próximos días hará la invitación formal a Solalinde para que analice la petición.
Acompañado por varios liderazgos de las referidas comunidades, Pérez Alvarado, negó que sus compañeros estén en la intensión de generar algún tipo de daño a la maquinaria con la que se realiza el tren interurbano que comunicará a Toluca con la Ciudad de México; aseguró que sus acciones han sido firmes pero siempre pacíficas.
“Ellos (personal al servicio al gobierno) van a mandar quemar máquinas y posteriormente tratarán de inculparnos”.
Por lo ello, puntualizó, en caso de que la maquinaria sea quemada o registre algún tipo de daño, éste será realizado por personas que el mismo gobierno infiltra en la zona, como ya quedo demostrado el pasado fin de semana cuando policías se disfrazaron de trabajadores y desde esa posición monitorearon (espían) a cada uno de los vecinos que han mantenido públicamente una postura crítica al desarrollo de la obra.
Esto último, precisó Santiago Pérez Alvarado, a partir que el proyecto ha perjudicado el medio ambiente de la zona pero sobre todo porque tanto gobierno estatal como federal no concluyó el pago-indemnización de zonas-hectáreas intervenidas por el trazo del tren.
“El asunto es muy claro, las obras del tren interurbano México-Toluca, están dañando a la zona y lo que estamos pidiendo es que se aplique un plan sustentable en las inmediaciones de las comunidades y que se pague lo justo por las hectáreas intervenidas”, acotó.
El activista Pérez Alvarado lamentó que al igual que hace más de una década el Gobierno del Estado de México y algunas áreas del gobierno federal priista, estén en la intensión de causarle algún tipo de perjuicio fabricándole e imputándole delitos con carpetas de investigación que se habrían de activar en los próximos días.
“Me llamó el abogado Ferrusquilla de la SCT, quería que mediaría el conflicto y le ayudara a platicar con los comuneros de la zona pero el muy infame me toma fotografías y con eso me pretende iniciar una carpeta de investigación”, denunció Pérez Alvarado.
Ratificó que en caso de que desaparezcan o detengan en las próximas horas o días, el responsable será personal del gobierno estatal y federal que lo mantienen vigilado en todo momento.
“Sacan todo tipo de datos, como vas vestido, a que coche te subes, con quien hablas, quien es tu esposa, quienes son tus hijos. Todos esos datos y muchos más son enviados a áreas de inteligencia para luego generarte un daño”, refirió.
: La exigencia se puede dividir en dos partes: implementar un plan integral sustentable en las comunidades San Juan Coapanoaya y San Jerónimo Acazulco; así como el pago justo de las tierras intervenidas.
: Tras ofrecer la conferencia de prensa en Toluca, los comuneros inconformes se trasladaron a la Cámara de Diputados federal para solictar la intervención de los legisladores.
