IMPULSO/Ignacio Morales Lechuga
Artículo
Los anuncios de una política de pacificación nacional hechos por integrantes del nuevo Gobierno han sido recibidos con suspicacia y comienzan a ser exhibidos en la comentocracia como un caótico desfile de buenas intenciones y “una receta a la mexicana” en la que abundan la improvisación, las ocurrencias y las contradicciones, en lugar del rigor conceptual y la claridad en asuntos de indudable y profunda trascendencia nacional.
¿Hay ausencia de experiencia política en el equipo de AMLO para comunicar mejor esas propuestas?, es probable, pero los llamados “errores de comunicación” son consecuencia de la confusión e inconsistencia conceptual con la que se superponen y manejan los fines y los medios de lo que hasta ahora proponen.
Una justicia transicional integrada por leyes de amnistía, comisiones de la verdad y hasta la mediación del propio Estado para sentar a la mesa a grupos criminales no debe sustituir a la justicia formal. Debe recibir tratamiento de política pública y ajustarse al conocimiento de principios y prácticas exitosas. Nada puede sustituir un delicado proceso de planeación y ejecución de los componentes.
Justo lo contrario parece suceder a la propuesta de López Obrador: contradicción e improvisaciones. La primera obligación de un Estado democrático es proporcionar seguridad pública y justicia a la sociedad. Nuestro país tiene en esta materia una hiperconcentración de corporaciones policiacas disfuncionales, que acumulan ineptitud, corrupción y preocupante complicidad con el narcotráfico. ¿Ya está debidamente integrado el diagnóstico de este grave fenómeno? No lo parece.
La participación de las Fuerzas Armadas sin una estructura constitucional y legal que promueva la coordinación, organización, y control de los espacios con los tres niveles de gobierno agrega un poderoso elemento de incerteza que a nadie conviene.
Enfrentar la violencia de la delincuencia y el narcotráfico mediante un proceso de paz y reconciliación, como AMLO propone, exige de entrada revisión de la historia, profundo apego al Derecho, conocimiento de los límites de otras experiencias nacionales de pacificación, comprensión de la administración pública, de la organización y funcionamiento de las instituciones y corporaciones de seguridad, sagacidad, capacidad legislativa, comunicación suficiente y una ingente mesura y cuidado para construir propuestas consistentes, sin tropezar con las ocurrencias y la improvisación.
La reiterada mediación con grupos criminales (forma de justicia alternativa, hoy tan de moda) está resultando un producto más de “la ansiedad”, (como dijo algún futuro funcionario de AMLO) que la consecuencia de un análisis riguroso y serio.
En otro orden de ideas, se ha hablado de la Guardia Nacional de una manera confusa, producto de una mescolanza de Fuerzas Armadas y policías. Las leyes de seguridad pública, de seguridad interior y de seguridad nacional no se orientan plenamente a la seguridad ciudadana y a los derechos humanos. Focalizan otros ámbitos de la seguridad, como la integridad del Estado y sus instituciones, pero dejan al ciudadano en un muy lejano segundo plano, a veces por completo olvidado. Ese error debería enmendarse.
Por lo que hace a la formación de comisiones de la verdad, de dilatada experiencia latinoamericana desde las primeras instaladas en Argentina en 1983, constituyen organismos oficiales de vigencia limitada. Vienen a complementar a la justicia penal, pero requieren un andamiaje cuidadoso que debe ser dejado en manos expertas.
Al parecer, el equipo de AMLO no ha reparado en que todas las leyes de amnistía emitidas en procesos similares al mexicano han sido oficialmente calificadas como vulneratorias de derechos por la CoIDH y la CIDH.
La pacificación nacional exige estudio, cautela, claridad jurídica y propositiva, pero no debe ser tema interminable. Esforzarse en cumplir con los mandatos constitucionales antes de declararse derrotados al optar por otras fórmulas que no aseguran la paz podría ser un mejor comienzo. A la sociedad no le conviene despertar con un nuevo fracaso en seguridad, justicia y derechos humanos, ni que se haga realidad la dantesca cita: “El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones”.
