Miroslava Carrillo resaltó el seguimiento al PAF 2019 y tres auditorías ejecutadas al ejercicio 2018; ubicaron estas faltas administrativas por más de 2 mil millones de pesos.
IMPULSO/Toluca
La titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, Miroslava Carrillo Martínez, dio cuenta de actos de fiscalización y promoción de responsabilidades administrativas, con 714 investigaciones relacionadas con faltas de servidores públicos por un monto de más de 2 mil millones de pesos, de las cuales 110 fueron promovidas por presunta responsabilidad de faltas graves, 392 están aún en trámite y 211 expedientes fueron turnados a los Órganos Internos de Control (OIC) para que actúen conforme a la normatividad.
Al presentar su Informe de Gestión 2020 ante la Legislatura, a través de la Comisión de Vigilancia de este órgano técnico, presidida por el diputado Tanech Sánchez Ángeles (Morena), la auditora superior destacó la ejecución de tres auditorías financieras al ejercicio 2018: una estatal a la Secretaría de Finanzas y dos a Ecatepec y Chimalhuacán, estas dos últimas con 24 observaciones por 820.3 millones de pesos cuya solventación está en proceso.
Tanech Sánchez celebró que con la llegada de Miroslava Carrillo al OSFEM se hayan implementado mejores prácticas en las técnicas de revisión y en la estructura institucional, además de la consecución de metas de transparencia y rendición de cuentas, mientras que la diputada Araceli Casasola Salazar (PRD) propuso que una vez revisado el documento, se le envíen comentarios a la auditora vía escrita.
El documento presentado resalta la actualización a 546 del número de entidades fiscalizables, la capacitación permanente de los servidores públicos para elevar la calidad de su labor, el desarrollo de auditorías de desempeño con trabajo en campo y no de escritorio, así como el seguimiento a los pendientes del Programa Anual de Fiscalización (PAF) de la Cuenta Pública 2018.
Destaca también el seguimiento al Programa Anual de Fiscalización (PAF) de la Cuenta Pública 2018, ya que algunos resultados no fueron incluidos en el informe presentado en septiembre de 2019, como 13 auditorías financieras y seis de obra de un total de 43 del ámbito estatal.
Revela que, por ejemplo, de las 18 Auditorías de Cumplimiento Financiero programadas en el PAF 2019, hubo 101 hallazgos y 108 observaciones por mil 700.4 millones de pesos; ya se solventaron 48 por mil 627.3 millones de pesos. Asimismo, de las 10 Auditorías de Obra de ese mismo periodo, hubo 40 hallazgos y 41 observaciones por 191.8 millones de pesos y se solventaron tres por 20.9 millones de pesos.
De Auditorías Municipales, se programaron 107 a 78 municipios —ayuntamientos y Organismos de Agua—, y no fueron reportadas dos de Desempeño, 14 de Obra, seis de Patrimonio y 31 Financieras. En 55 Auditorías de Cumplimiento Financiero hubo 426 hallazgos y 258 observaciones por 593.2 millones de pesos; se solventaron 47 por 330.8 millones de pesos. Se programaron también 25 Auditorías de Obra; hubo 186 hallazgos y 400 observaciones por 306.1 millones de pesos y se solventaron 65 por 287.3 millones de pesos.
El texto oficial incorpora otras acciones de fiscalización pendientes de reportar que tampoco se incluyeron en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2018 y que se refieren a cinco Auditorías de Obra Específicas; tres de Investigación y dos de Revisión Financiera que involucran a entidades fiscalizables estatales y municipales, así como órganos desconcentrados.
Sobre el seguimiento a los procedimientos administrativos resarcitorios en contra de servidores públicos de las entidades fiscalizables o quienes hayan dejado de serlo, se reportaron de 2010 a 2020, 2 mil 480, de los cuales 500 fueron para trámite en el OSFEM; 158 recursos de revisión; 65 juicios de amparo; 155 procedimientos administrativos de ejecución, y mil 602 fueron concluidos.
En el rubro de recuperaciones ante las entidades fiscalizables, el OSFEM dio seguimiento en 126 casos; los recuperados por la autoridad fiscal fueron cinco y 155 fueron promociones del OSFEM como procedimientos administrativos de ejecución. En total, el monto reintegrado fue de un millón 254.1 millones de pesos provenientes de Acolman, Ixtapaluca, Zumpahuacán y el Organismo Operador de Agua de Chimalhuacán; los dos últimos con los montos más altos con 329 mil y 850 mil pesos, respectivamente.
