IMPULSO/Agencia SUN
Nicaragua
El gobierno de Nicaragua negó en los últimos 46 días el acceso de un grupo de la Organización de Estados Americanos (OEA) a los expedientes judiciales, policiales y forenses sobre parte de las muertes registradas en el país por la violencia política que estalló desde abril.
La denuncia fue planteada este jueves en Managua por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado el 30 de mayo anterior en Washington por acuerdo del gobierno de Nicaragua con la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La oposición nicaragüense atribuye las muertes a violaciones a los derechos humanos ejecutadas por fuerzas policiales y paramilitares afines al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
“No queremos imaginar que hay una intencionalidad” del gobierno de impedir acceso a los expedientes, advirtió el italiano Américo Incalcaterra, miembro del GIEI con la guatemalteca Claudia Paz, la peruana Sofía Macher y el argentino Pablo Parenti.
La información “es imprescindible”, alegó Incalcaterra en rueda de prensa. Los mandatos del grupo son indagar las muertes del 18 de abril al 30 de mayo y presentar un plan de reparación a víctimas, recordó. El GIEI inició tareas el 2 de julio y deberá reportar a la OEA en un plazo que vence el 2 de enero de 2019.
En un comunicado, los cuatro instaron al gobierno a que “disponga a la brevedad posible el acceso, sin condiciones, a los expedientes” de las indagaciones y causas penales. La falta de acceso “repercute negativamente en las tareas” del grupo, insistieron. Sin obtener respuesta, EL UNIVERSAL pidió a la cancillería nicaragüense una reacción.
La no estatal Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH) precisó que hay 137 opositores nicaragüenses presos porque la fiscalía los acusó de unos 100 asesinatos al principio de los disturbios y recalcó que esas muertes ocurrieron por la represión oficialista.
El conflicto surgió en repudio a una reforma social aprobada por Ortega y derivó a un masivo reclamo para exigir la renuncia del presidente y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, el anticipo de las elecciones de 2021 a 2019, el fin de la represión oficialista y la democratización. La violencia política ya dejó entre 300 y 448 muertos, según grupos locales de derechos humanos, pero el gobierno replicó que son 198.
En otro choque con la OEA, el gobierno de Ortega reiteró esta semana que rechazará el ingreso a Nicaragua de una comisión creada el 2 de este mes por ese organismo, y formada por México y otros 11 países, para buscar una solución a las pugnas. Managua alegó que la comisión “no es bienvenida” porque es “injerencista” y manipulada por EU.
La CPDH informó que pedirá a la CIDH medidas cautelares para más de 60 periodistas que han sido intimidados o amenazados de muerte por cubrir las protestas contra el gobierno. Radio Corporación, una de las más escuchadas en Nicaragua, denunció que grupos afines a Ortega ofrecieron una recompensa de 5 mil dólares “por la cabeza” de su corresponsal en Masaya, Yilber Idiáquez.
