IMPULSO/ Fernando Díaz Naranjo
Analista político
El tema de los llamados “órganos autónomos” ha ocupado los titulares de los principales medios de comunicación, en razón de que el Poder Ejecutivo arremetiera contra ellos de forma generalizada, haciendo diversos señalamientos entre los que destacan el que favorecen a los intereses de “una minoría” o, inclusive, hasta de que forman una especie de “gobierno paralelo”, por decir lo menos.
Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar no sólo de quienes encabezan estos organismos, sino de una importante comunidad que va, desde el empresariado como la Coparmex que determinara un rotundo #YaBasta, pasando por especialistas y hasta académicos de gran prestigio.
Lo cierto es que antes de hablar de forma generalizada de estas instancias, debe de hacerse un análisis de la importancia de los mismos y de lo vital que resulta para un estado democrático como el nuestro. Un ejemplo: la autoridad electoral nacional.
De entrada, instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE) guardan una confianza media de parte de la población, dándole un puntaje del 6.5, de acuerdo con el Ranking de confianza de 18 instituciones de 2018, integrado por Consulta Mitofsky. En este nivel de clasificación se ubican otras instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (con 6.7) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (con 6.1). Esta misma clasificación coloca con un nivel de confianza bajo a instituciones como los senadores (con un puntaje de 5.3), y la presidencia, los diputados y los partidos políticos se ubican peleando el sótano de dicha clasificación con un puntaje igual a 5.1. Solamente las universidades, la Iglesia y el Ejército obtienen una confianza alta en dicha medición colocándolos con un puntaje ligeramente superior a los 7 puntos.
Como podemos observar, si el pueblo es bueno y sabio, serían otras las instituciones que requerirían de una mayor auscultación sobre su desempeño que acreditara la confianza del pueblo. Ahora bien, analizando a un organismo público como el INE, podemos darnos cuenta que gracias a esta institución autónoma, contamos con elecciones libres en donde el voto de la ciudadanía cuenta y son los ciudadanos quienes deciden el futuro de nuestro país.
Es el INE quien supervisa que los actores políticos cumplan con las disposiciones legales en la materia, entre las que destacan el correcto uso de los recursos públicos que se utilizan, por ejemplo, en el desarrollo de las campañas electorales. Es el INE quien supervisa que exista equidad en la contienda electoral y es uno de los organismos en los que sus actos de decisión son públicos, en donde participan los representantes del legislativo, así como de los partidos políticos; sus procesos son auditados constantemente y sus decisiones pueden ser impugnadas ante el ente jurisdiccional respectivo.
Bajo este esquema, el INE hace mancuerna con otras instituciones que son fundamentales para la equidad electoral como el Tribunal Electoral adscrito al Poder Judicial de la Federación que, por ejemplo, a través de su política institucional de #JusticiaAbierta ha edificado un esquema de apertura y transparencia de las controversias que se erigen en materia electoral, dando certeza a todo el complicado engranaje de sistema electoral mexicano. Esta política debería de instrumentarse en todas las instancias encargadas de la justicia en México.
Ambas instituciones son la columna vertebral de nuestro sistema democrático electoral y queda en evidencia que, en la elección de 2018 no favorecieron a ninguna minoría, al contrario, la mayoría de la ciudadanía fue la que dio el triunfo a López Obrador. Justamente la esencia de un órgano autónomo es que desarrollan actividades cuyas repercusiones son trascendentales para un estado democrático. La existencia de dichos organismos que confluyen con otros poderes, genera contrapesos en beneficio de la población.
Twitter: @fdodiaznaranjo
