IMPULSO/ Agencia SUN
Veracruz
Un tribunal laboral ordenó arrestar por 36 horas al alcalde, síndico y regidor del municipio veracruzano de San Rafael, por negarse a acatar una sentencia que les obliga a pagar liquidación a ex trabajadores.
Se trata del presidente municipal Héctor Lagunes Reyes (de extracción perredista); el síndico, León Stivalet Ramírez; y el regidor primero Juan Antonio Delón Huerta, quienes se ampararon para evitar se detención.
Fueron magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, quienes ordenaron dicha medida para obligar a las autoridades municipales a cumplir con el adeudo a 10 trabajadores despedidos de manera injustificada.
El fallo considera que el Ayuntamiento y sus autoridades deben pagar 6 millones de pesos, la reinstalación de 8 de 10 trabajadores municipales despedidos en el 2011 y la nivelación salarial a otros dos.
Al resolver el expediente laboral 572/2011-IV, el 21 de agosto de 2017 el Tribunal ordenó que se reinstalara a los trabajadores, se les reconociera su antigüedad y su base, así como la categoría y adscripción y se pagaran salarios caídos.
Las autoridades municipales debían sesionar para declarar deuda pública con la finalidad de considerarlo dentro de su sistema contable como pasivo y poderlo pagar con los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN).
Sin embargo, el alcalde y su comuna se negaron a acatar la resolución, por lo que el pasado 21 de septiembre se ordenó el pago de multas al alcalde, síndico y regidor, las cuales debían ser aplicadas por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado.
De manera paralela se requirió al Ayuntamiento para que incluyera en su presupuesto anual de egresos 2018, los adeudos con los ex trabajadores, ello a través de un ajuste al Programa General de Inversión de los recursos que que obtienen del FORTAMUN.
Y el 19 de octubre se ordenó la presentación del síndico ante la sede del tribunal, con auxilio de la fuerza pública y en caso de no acudir, el arresto por 36 horas; así mismo se ordenaron “2 arrestos” por 36 horas del alcalde, regidor y síndico.
El arresto ha sido suspendido por un amparo tramitado por los tres involucrados, quienes tampoco acataron la orden de incluir el adeudo en su presupuesto del 2018, pues argumentaron que la resolución se emitió después de aprobado su anteproyecto en Cabildo.
