IMPULSO/ Maite Azuela
Contagio en México del virus guatemalteco
En México, muchos políticos se atragantan de palabrerías secas hablando de sus esfuerzos por desmantelar el fuero que blinda a todo aquel que en su cargo abusa de poder y se enriquece ilícitamente con recursos públicos.
Basta sólo recordar algunas de las escenas en las que Manlio Fabio Beltrones declaraba a todo pulmón la urgencia de modificar la Constitución para eliminar el fuero, que en sus propias palabras “aparece como impunidad, como un privilegio y no como una garantía de expresión libre”.
Hasta ahora, nada se ha movido en realidad, el fuero da larga vida política a los que consiguen tejer lazos de complicidad lo suficientemente amarrados para que sus fraudes y desfalcos no pongan nunca en riesgo su inmunidad.
En contraste, Guatemala se envalentonó para develar, investigar y demostrar actos de corrupción en los que su ex Vicepresidenta y su ahora ex Presidente están implicados. Y no sólo eso, sino que la ciudadanía se apropió del espacio público y defendió los recursos colectivos que con proyectos aduaneros de dudosas transferencias alimentaban las cuentas bancarias de sus mandatarios.
Para que fuera posible llevar a juicio a su Presidente hubo que articularse una red de denunciantes (`whistleblowers`) que diera seguimiento a los movimientos ilícitos con los que operaban el fraude desde el Poder Ejecutivo.
Hasta ahora, en México, no contamos con suficientes funcionarios públicos que privilegien la honestidad y estén dispuestos a correr los riesgos que trae consigo el hecho de revelar la malversación de fondos públicos.
La atención ciudadana está inevitablemente dispersa entre tantas tragedias irresueltas y, en consecuencia, nuestra confianza en la reivindicación de la justicia nos ha impedido incluso imaginar que podríamos, como lo han hecho nuestros vecinos, concentrar la indignación en un cambio legal que desplome la impunidad con la que cientos de políticos nos desfalcan minuto a minuto. Nos hace falta una ciudadanía articulada que pierda el miedo a la represión, pero sobre todo una élite que rompa sus lazos de complicidad y que esté dispuesta a presionar a los legisladores para que la figura del fuero quede erradicada completamente. Además debe impedirse el uso de dinero en efectivo en transacciones gubernamentales y debe perseguirse de oficio a quien cometa delitos por corrupción.
Voy de regreso a México después de participar en la Decimosexta Conferencia Internacional Anticorrupción en Malasia y llevo conmigo la declaración de cero tolerancia a la impunidad con la que fue clausurado el evento en el que nos reunimos más de mil 200 personas de 130 países. La declaración sostiene que “la impunidad alimenta la corrupción: el abuso de los poderosos en los más altos niveles beneficia a unos cuantos a expensas de las mayorías, causando graves daños a individuos y sociedades” y hace un llamado a que sea la gente en acción la que apele a mantener gobiernos con integridad.
En paneles y plenarias se mencionó a México como ejemplo de impunidad generalizada: lavado de dinero, oposición política cooptada en un marco de complicidad y sobretodo ciudadanía indulgente.
Contagiarnos de valor, organizarnos pacíficamente, concentrarnos en un solo objetivo y hacerlo realidad, ése es el único virus que puede alterar con efectividad la inmunidad de los gobiernos corruptos. Vale la pena concebir o al menos plantearnos la posibilidad de que el éxito ciudadano que obtuvieron los guatemaltecos nos permita enfocar frustraciones, demandas sociales, acciones de protesta y exigencias a los gobernantes en un mismo objetivo: combatir la impunidad.
