IMPULSO/ Jesús Reyes Heroles G.G.
Salud no tuvo prioridad
El sexenio transcurrió y la salud no fue tema importante, no se incluyó en el acuerdo político del sexenio con relevancia. Más de 10 años después de que Julio Frenk y el Congreso introdujeron el Seguro Popular, mejoraron pocos aspectos: muchos de quienes carecían de seguro ahora tienen acceso a algunos servicios, la mortalidad infantil se redujo 28%, el gasto “empobrecedor” en salud disminuyó (de 3.3 a 0.8%) y la vida promedio aumentó 1.3 años (aunque en la OCDE aumentó tres).
Sin embargo, en balance, la situación en salud sigue siendo de horror: en 15 años, la tasa de sobrepeso y obesidad entre adultos pasó de 62.3% a 72.5%; y hoy, 15.9% de los adultos padece diabetes, en contraste con 6.9% en la OCDE. El gasto de bolsillo se mantiene como el más alto en la OCDE: cerca de 41% del gasto total. Asimismo, desde 1990, las muertes por eventos cardiovasculares disminuyeron 38%, y las muestreos por infarto, sólo 1% (en la OCDE disminuyeron 54% y 48%, respectivamente). Además, persisten ineficiencias en el sistema: los costos administrativos son de los más altos de la OCDE (5.7% del gasto total); y más de 15 millones de mexicanos están inscritos a más de un sistema de salud.
México gasta 5.8% del PIB en salud, menos del promedio de la OCDE (9.0%). Este limitado gasto se refleja en los recursos del sistema: 2.4 médicos, 2.8 enfermeros, y 1.5 camas de hospital por cada mil habitantes, en contraste con 3.4 médicos, 9.0 enfermeros, y 4.7 camas en la OCDE. A pesar de que, por el Seguro Popular, el gasto público en salud aumentó de 2.5% a 3.0% del PIB de 2003 a 2016, éste no se tradujo en mejor salud. La corrupción tiene mucho que ver, sobre todo en los gobiernos estatales.
El diagnóstico es conocido (véase EL UNIVERSAL, febrero 25, 2016), se necesita un sistema de salud unificado, funcional, en el que el acceso a los servicios esté determinado por la necesidad y no por el estatus laboral. Para mejorar la calidad y eficiencia, el servicio médico debe ser portable y los individuos deben poder decidir quién los atiende. Hoy, cerca de un tercio de los asegurados se ve forzado a cambiar de asegurador debido al cambio en su condición laboral, lo que afecta la continuidad del servicio médico y su paquete de beneficios.
En el diagnóstico del sistema de salud de México que la OCDE realizó en 2005, se incluyeron varias recomendaciones, de las que destacan cuatro: i) asegurar un financiamiento adecuado del sistema; ii) eliminar las barreras existentes para el acceso a servicios de salud de personas no cubiertas por la Seguridad Social; iii) promover mayor eficiencia de los proveedores de servicios médicos; y iv) mejorar la gobernanza del sistema.
De esas recomendaciones, sólo se avanzó en la segunda: la cobertura del Seguro Popular ha crecido para alcanzar cerca de 50 millones de personas, y se amplió el paquete cubierto, aunque dicho catálogo sigue teniendo limitaciones; por ejemplo, no incluye algunas enfermedades “catastróficas”, como ataques cardiacos a mayores de 60, diálisis después de fallas renales, cáncer de pulmón, y esclerosis múltiple. En otros aspectos, las mejoras han sido pocas o nulas, como el ahorro derivado de consolidar las compras de medicamentos.
Recientemente, la OCDE hizo algunas recomendaciones adicionales para transformar el sistema de salud de México. Entre las propuestas destacan la necesidad de una reforma integral, centrada en mejorar acceso, calidad, eficiencia, y sustentabilidad del sistema. De lo contrario, no será posible afrontar el rápido crecimiento de enfermedades relacionadas con los cambios demográficos y de estilo de vida. La Secretaría de Salud debe asumir mayor liderazgo y rectoría del sistema, a la par que fomentar la participación de clínicas y hospitales privados para mejorar el acceso, calidad y eficiencia de los servicios, lo que incluye farmacias que ofrecen consultas.
Además, asegurar el acceso a todos los mexicanos, sin importar su estatus laboral, a un paquete de beneficios claramente definidos. Para esto, se requiere transitar a un financiamiento de la salud mediante impuestos generales, separar el seguro médico de otras funciones de Seguridad Social, e implementar un registro nacional de pacientes, consolidado y operable en los diferentes sistemas.
