IMPULSO/Juan Pablo Castañón
Para terminar con la corrupción
A lo largo de la historia, los grandes cambios sociales han ocurrido cuando existe una sociedad civil organizada, un sector empresarial comprometido y un Estado con voluntad para adaptarse al cambio. Independientemente de las ideologías, o a pesar de ellas, como sociedad compartimos un diagnóstico común sobre los grandes problemas que padecemos los mexicanos. Sobre los obstáculos que, sin importar nuestra condición social, enfrentamos día a día en el ejercicio de nuestras actividades.
Por eso, en el Consejo Coordinador Empresarial nos sumamos a la iniciativa #VamosPorMás, que convoca a decenas de organizaciones para exigirle al gobierno que se comprometa con el combate a la corrupción. Dentro del sector privado, este problema representa el primer obstáculo para hacer negocios y uno de los mayores costos para las finanzas nacionales. De acuerdo con la primera Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental, 82% de los empresarios se ven afectados por la corrupción que, se estima, tiene un costo de hasta 10% de las utilidades de las empresas.
Esta realidad nos exige tomar acciones concretas desde cada sector. Por nuestra parte, estamos tomando las medidas necesarias para adaptarnos y aplicar correctamente la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas. Entendemos que la corrupción no es exclusiva del sector público y que debemos hacer nuestra parte para eliminar estas prácticas. Con la nueva ley, las empresas que incurran en actos ilegales pueden enfrentar sanciones que van desde el pago del doble del beneficio obtenido, a la disolución de la organización y el reembolso del daño a la Hacienda Pública federal.
Esto exige que los empresarios diseñemos estrategias para comunicar el nuevo marco a nuestros colegas y trabajadores. Además, demanda que como organismo empresarial, actualicemos nuestro código de ética para adaptarlo a la realidad que enfrentamos. Este documento servirá como guía para que las empresas puedan construir y sostener políticas de integridad que permitan la actuación ética y responsable de cada uno de sus empleados. Especialmente, porque en el nuevo marco, la existencia y rigurosidad de un código de ética será un criterio para determinar sanciones y responsabilidades.
Sin embargo, esfuerzos aislados pueden diluir su impacto. Por esta razón, nos sumamos a la exigencia a los poderes Ejecutivo y Legislativo, para discutir y aprobar las medidas necesarias para contar con una Fiscalía autónoma, independiente y eficaz.
Twitter: @jpcastanon
