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Si el Gobierno de Estados Unidos cumple con la expectativa creada, el lunes 17 de julio publicará sus objetivos para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de tal suerte que las conversaciones puedan comenzar oficialmente 30 días después, el 16 de agosto. Si pospusiera la publicación (no improbable), el inicio se retrasaría también por el mismo número de días.

No cabe duda de que mucho se ha progresado desde los últimos días de la campaña y la toma de posesión de Donald Trump. Aunque su discurso no ha cambiado mucho —la semana pasada le dio a México una probadita al insistir absolutamente en el pago del muro y recordar que está dispuesto a invocar el artículo 2205 del TLCAN para abandonarlo— la realidad ha logrado que la probabilidad de salida sea mucho menor, que ya no impacten sus declaraciones a los mercados financieros y cambiarios y que se esté a punto de iniciar la modernización bajo la Trade Promotion Authority (TPA) que ha dicho odiar. Su disgusto obedece a que la TPA impone tiempos, supervisión y coordinación con su congreso.

Amén de las dificultades en materia de contenido, el proceso de modernización del TLCAN encarna tres obstáculos estructurales no fáciles de franquear: el primero, la disposición o capacidad del Gobierno de Estados Unidos de poner en la mesa concesiones relevantes para contribuir a una auténtica mejora y profundización. Sin concesiones se antoja difícil que Canadá y México puedan lograr una comunión de objetivos con Estados Unidos, cuyo presidente ha insistido que debe reequilibrarse el acuerdo para que ‘dejen de perder’. El segundo se refiere a la capacidad política en Washington para conformar una coalición que permita vislumbrar la aprobación en su Congreso. Es poco probable que el partido republicano pueda aportar suficientes votos para pasarlo por sí solo, por lo que se requerirán un mínimo número de demócratas. No queda claro que la Casa Blanca pueda conseguirlos en el ambiente polarizado existente. El tercero, a la forma de ser y actuar del presidente Trump, no porque sea impredecible, sino al revés: se
sabe que tuiteará o tendrá expresiones encaminadas a satisfacer a su base, contrarias al espíritu que debe prevalecer para generar la confianza necesaria para una negociación exitosa.

El primer paso será ver por escrito (no se debe reaccionar a ninguna otra forma de comunicación) qué busca Estados Unidos en la renegociación y la posibilidad de encontrar los consensos para avanzar de manera expedita. La publicación de los objetivos dará cierta luz al respecto. De ser congruentes con TPA y buscar expandir el comercio y profundizar la integración regional, se empezarían a sentar las bases para conversaciones productivas. Por el contrario, si fueren opuestos a los intereses de Canadá y México la probabilidad de éxito sería menor. Los objetivos también permitirán inferir consecuencias en materia de duración: si se limitan a temas ya cubiertos en el Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) y permiten un balance, la negociación podría ser rápida. Si son ambiciosos y muchos, aunque acordes con los de Canadá y México, difícilmente la negociación terminaría a tiempo. Será interesante ver el alcance de objetivos en materia laboral.

El inicio de las negociaciones también se verá afectado por la decisión que tome el gobierno de Estados Unidos respecto de la investigación sobre acero bajo la Sección 232 de su propia ley en materia de seguridad nacional. A pesar de todo lo dicho por Trump relativo a la imposición de aranceles punitivos para reducir su déficit comercial o desestimular la inversión productiva en otros países, la Casa Blanca carece de bases jurídicas para hacerlo para con los países con los que tiene un tratado de libre comercio. Para el resto, sólo podría incrementar el arancel al nivel consolidado en la Organización Mundial de Comercio (OMC), que es bastante bajo. Los mercados parecen haber entendido esto y no reaccionan, como antes, a amenazas de salida o al hostigamiento a empresas que invierten en el extranjero.

Hay, sin embargo, una excepción en caso de que las importaciones, al desplazar productores domésticos, pusieren en riesgo la seguridad nacional. Tanto la OMC como el TLCAN y otros acuerdos comerciales internacionales permiten esta excepción. Utilizarla es el equivalente de un misil nuclear, no un derecho, sino un privilegio excepcional. Se usa en muy contadas excepciones o en caso de confrontaciones bélicas. @eledece

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