IMPULSO/ Alejandro Martí
La consolidación apenas empieza: Justicia Penal
Mientras trabajamos en los preparativos del 8º Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, me llega a la memoria la frase de Mitch Albom, escritor y periodista deportivo norteamericano, quien solía decir que “todos los finales son también comienzos, lo que pasa es que no lo sabemos en su momento”.
Y lo recuerdo porque ello me permite redimensionar los años de trabajo durante estos siete foros, impulsados por la sociedad civil, donde hemos confluido activistas, organizaciones de la sociedad civil, operadores del sistema de impartición de justicia, académicos, autoridades de los tres órdenes de gobierno y de los tres Poderes de la nación, órganos implementadores, víctimas, familiares de las víctimas del delito y ciudadanos preocupados por hacer posible lo que para muchos ha sido considerada la más trascendente reforma constitucional en materia de justicia penal en la historia moderna del país.
Tampoco podemos soslayar los grandes retos y enormes obstáculos que como sociedad hemos debido afrontar y superar para dar cumplimiento a la enmienda constitucional que hará posible operar de manera integral —en cada una de las entidades y a nivel federal— el modelo acusatorio y oral, para dotarlo de las herramientas técnicas, legales, sociales y políticas que son necesarias para la impartición y administración eficaz de la justicia, así como para combatir el delito y la violencia que suele acompañarle.
De hecho, a través de cada una de las siete ediciones del Foro, desde 2009 se viene realizando un ejercicio de deliberación pública que ha permitido que los ciudadanos, operadores y especialistas en la materia pongamos luces en los temas que apremian tanto la implementación, la operación y la eficacia del nuevo Sistema de Justicia Penal.
Por otra parte, ha favorecido para que los representantes de las organizaciones civiles, académicos, líderes de opinión y la sociedad podamos conocer y difundir los avances en el cumplimiento de los compromisos constitucionales establecidos por la reforma; asimismo, es un espacio para presentar las evaluaciones, propuestas y críticas ante los responsables de operar el Sistema de Justicia Penal, y demandar que se aclaren las dudas que existan sobre los puntos de controversia que se han presentado durante el proceso de transición que vive el sistema.
Como resultado de ello, somos conscientes de las tareas que quedan pendientes de cumplir y que será imposible realizarlas de aquí al 18 de junio próximo, cuando vence el plazo legal para dar por concluida la implementación, lo que será pasto seco para que los detractores de la iniciativa ceben sus desacuerdos y críticas con lo que hasta hoy se ha realizado.
