IMPULSO/ Agencia SUN
Ciudad de México
Organizaciones de la sociedad civil urgieron al Congreso detener la aprobación de la ley de seguridad interior, “no dar sorpresas” y que sean consultados los expertos en derechos humanos para buscar medidas de seguridad que no sean militarizadas.
En conferencia de prensa, organizaciones como Amnistía Internacional, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Centro de Investigación y Docencia Económicas, México Unido Contra la delincuencia y Centro ProDH, sostuvieron que legalizar a las Fuerzas Armadas en las calles sería inviable, porque es incompatible con la Constitución y los tratados internacionales.
“La ley de seguridad interior representa una afrenta a las recomendaciones que diversos organismos internacionales han dado a México”, indicaron. Dijeron que legislar en materia de seguridad interior es inconstitucional y contraria al derecho internacional de los derechos humanos, ya que ninguna ley puede militarizar la seguridad pública ni restringir o suspender ningún derecho para garantizar la seguridad de la ciudadanía.
Agregaron que los legisladores deben de escuchar a las víctimas de la política de seguridad que se ha emprendido desde hace diez años y pidieron se realice un diagnóstico bien documentado de los resultados en los últimos 10 años antes de aprobar la ley de seguridad interior.
Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), indicó que seguir con la misma política de seguridad que se tiene desde hace diez años pondrá en una situación más grave al país; en ese sentido, mencionó que el Congreso está obligado a respetar los derechos humanos.
José Antonio Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) enfatizó que en el proceso legislativo no se puede permitir abusos a los derechos humanos, por lo que aseguró que lo que se necesita es castigo a la delincuencia y no una ley de seguridad interior.
Por otra parte, Juan Francisco Torres Landa, de México Unido contra la Delincuencia, sostuvo que en lo que apruebe el Congreso se debe garantizar el respeto a los derechos humanos, pues los diez años de la lucha contra el narcotráfico y los ocho años del proceso para la implementación el nuevo Sistema de Justicia Penal son la suma de malas decisiones.
“Tal y como hemos señalado con insistencia, legislar en materia de seguridad interior es inconstitucional y contraria al derecho internacional de los derechos humanos. Ninguna ley puede militarizar la seguridad pública ni restringir o suspender ningún derecho para garantizar la seguridad de la ciudadanía”, agregaron los representantes de las organizaciones de la sociedad civil.
