IMPULSO/ Teresa C. Ulloa Ziáurriz
Por el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación (primera parte)
Hace unas semanas, la senadora del Partido Liberal y sobreviviente de secuestro por la guerrilla colombiana, Clara Rojas, presentó una iniciativa de ley para sancionar con multas a los consumidores del sexo de paga y construir alternativas dignas de salida para las mujeres y niñas en situación de prostitución.
La iniciativa de la senadora Rojas reta a las voces liberales y populistas de Colombia, a las voces de la sociedad civil y la academia que se han manifestado en su contra, ya que es una legislación que parte de la igualdad entre mujeres y hombres, reta los estereotipos de género, promueve un cambio cultural a favor de las mujeres y las niñas y en contra de la discriminación y violencia de género. También intenta desempoderar a las Bandas Emergentes Criminales (Bacrim) que han encontrado un nicho inmenso de ganancia en la explotación sexual de las mujeres, niñas y adolescentes y el turismo sexual.
Entre nuestra membresía, contamos con sobrevivientes de la industria del sexo y otras que todavía sobreviven en la prostitución. Han sido compradas y vendidas en las calles y en los hoteles, en clubes y en prostíbulos, desde los servicios de acompañantes o prepago, hasta las salas de masajes, todo para el placer sexual masculino y de manera casi unánime, para el lucro de terceros o explotadores.
Hablamos por nosotras mismas y lo hacemos en el contexto de la ley, los derechos de las mujeres y los principios de los Derechos Humanos. Aunque todo movimiento social que lucha por la justicia se crea por aquellos que sufren directamente las violaciones a sus Derechos Humanos, esta justicia solo se hace real cuando la sociedad y las instituciones nacionales reconocen que estos derechos son inalienables, indivisibles y universales. Las sobrevivientes y las que sobreviven en la prostitución, y todas nosotras entendemos el sufrimiento causado por la violencia sexual, la degradación y la deshumanización en manos de los que pagan por sexo, la policía y los explotadores.
Tenemos visiones muy diferentes al modelo que defiende el lobby proxeneta sobre la industria del sexo. Es por eso que manifestamos nuestra preocupación por el Código de Policía de Colombia y los intentos del Ministerio del Trabajo de reconocer la prostitución como un oficio, cuando no reúne ninguno de los elementos que la OIT ha definido como trabajo decente o digno. Las sentencias dictadas por las Cortes en México y Colombia generan impunidad para aquellos que explotan a los seres humanos por dinero y placer – proxenetas, propietarios y administradores de prostíbulos y dueños de agencias, salas de masaje, así como los hombres que pagan por sexo.
Es eso, precisamente, lo que propone la legisladora Rojas en su iniciativa de Ley, corregir las aberraciones jurídicas de las Cortes Colombianas, al proponer multar a los compradores de sexo de paga y construir opciones de salida digna para las mujeres en situación de prostitución.
