IMPULSO/Luís Miguel Loaiza Tavera
Artículo
El anuncio y aprobación unánime para la remoción del Auditor Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), Fernando Baz Ferreira, por sus omisiones y actuación parcial en la revisión de la Cuenta Pública 2017 abre esperanzas de que por fin podría haber justicia ante tanto robo a las arcas municipales y estatales y por ende, al dinero de los mexiquenses.
Sin duda alguna el Osfem debiera dar certidumbre a la ciudadanía, pero se convirtió en un palero de los gobiernos estatal y municipales por lo que nada se podía hacer para frenar los abusos, tráfico de influencias y la aclaración de miles de millones de pesos, ojalá esto sea el principio de acciones que devuelvan la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.
El primer paso se dio y se informó que entre las irregularidades detectadas por la comisión destacan que el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) tiene más de 10 mil millones de pesos de adeudos, transferencias de recursos que contravienen la ley, diferencias de ampliaciones presupuestales por 3 mil 719 millones 324 mil 600 pesos y pasivos por 2 mil 565 millones de pesos.
Pero esto no queda ahí, se debe realizar la investigación correspondiente y el castigo a quienes pudieron incurrir en las irregularidades, entre ellos al mismo Fernando Baz.
El golpe mediático al gobierno estatal le debe preocupar al señor gobernador y darse cuenta de que la burbuja de cristal en la que lo mantienen preso sus funcionarios para que no se de cuenta de lo que realmente sucede en la entidad, es solo eso: una burbuja que no tarda en reventar.
El México en el que “no pasa nada” se debe terminar y no es escondiendo la verdad como se abate el problema, sino enfrentándolo, pero mientras al gobernador Alfredo del Mazo le digan que todo está bien porque así lo dicen los incondicionales del Facebook esto no avanzará.
El Estado de México es más que redes sociales y buenos deseos, estamos a punto de que venza el plazo de 120 días solicitado para presentar pruebas de las posibles irregularidades en las administraciones pasadas y es tiempo de que se aplique la justicia y más de un alcalde venga a proceso resarcitorio y penal.
Los primeros que debieran pagar tanta desfachatez en su gestión son los ex alcaldes de Ecatepec, Indalecio Ríos y de Coacalco Erwin Castelán y Pawling su sustituto, quienes deben probar la desaparición o malversación de un 30 por ciento el presupuesto anual de su municipio, en el caso de Coacalco y en el de Ecatepec hay mucho que investigar, desde animales desaparecidos hasta muchos millones en servicios que no se realizaron, pero que sí se cobraron, pasando en ambos casos por el tráfico de influencias, facturas apócrifas, suplantación de personalidad para cobrar laudos y sueldos, etcétera y muchos etcéteras.
También está el caso de Tecámac donde, por citar un solo ejemplo, se gastaron casi un millón de pesos en supuesto mantenimiento de pozos de agua potable sin que nunca se realizara.
También las obras de reencarpetamiento en Tultitlán con el niño modelo Adán Barrón y que hasta el momento nadie ha declarado nada al respecto, seguimos a la espera de que la alcaldesa fije su postura al respecto.
Podríamos enumerar las docenas de casos de los cuales tenemos conocimiento en varios municipios, pero veremos hasta donde se presentan las denuncias correspondientes y hasta dónde el solapamiento de esos actos posibles constitutivos de delito, pues el que solapa se convierte en cómplice y también deberá ser castigado.
DATO
Los actuales alcaldes de Ecatepec, Tecámac y el ex alcalde de Coacalco, Alejandro Gamiño han documentado irregularidades que deben ser investigadas
