IMPULSO/ Agencia SUN
Monterrey
Por décadas, en Monterrey el humo de las industrias era visto como sinónimo de progreso, según consta en el escudo de Nuevo León, creado en 1943: en su cuartel diestro inferior presenta cinco chimeneas humeantes que corresponden a la desaparecida Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey que, constituida en 1900, llegó a ser la acerera más importante de América Latina.
Fue controlada por el estado en 1977 y finalmente cerrada en 1986, por supuesta improductividad y obsolescencia tecnológica. En los años finales de operación, la fundidora era motivo de quejas por parte de los vecinos de colonias aledañas, que hacían “pasteles” de varios niveles con los polvos ferrosos que arrastraba el viento hasta los patios y techos de sus viviendas para exigir la atención de la autoridad.
Según el secretario de Desarrollo Sustentable de Nuevo León, Roberto Russildi Montellano, al año son liberadas a la atmósfera del área metropolitana 785 mil toneladas de emisiones contaminantes, las cuales provocaron que en 2015 se registraran 240 días fuera de la norma por partículas menores a 10 micras (PM10), 50 días por partículas menores a 2.5 micras (PM2.5) y 53 por presencia de ozono (O3). El problema continuó en 2016, con 60% de los días con emisiones por arriba de los límites aceptables establecidos en 50 puntos IMECA.
El costo que representa para la sociedad este fenómeno, de acuerdo con el mismo funcionario, es de 316 muertes por año, así como pérdidas por 8 mil millones de pesos anuales por baja productividad y gastos médicos para atender las enfermedades que causa la polución como alergias, cáncer y padecimientos respiratorios y cardiovasculares, entre otras.
Un factor que contribuye a que Monterrey sea considerada la ciudad más contaminada no sólo del país sino de América —como dijo recientemente el gobernador Jaime Rodríguez Calderón con base en datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)—, es la carencia de áreas verdes.
Lo anterior se agrava porque en los últimos 15 o 20 años, según el secretario de Desarrollo Sustentable, Roberto Russilidi, la mancha urbana pasó de 50 mil a 115 mil hectáreas, al tiempo que se otorgaron anualmente, entre 1999 y 2000, hasta 60 mil créditos hipotecarios para vivienda.
El ambientalista Guillermo Martínez estima que para cubrir el déficit actual de mil 500 hectáreas sería necesario plantar más de un millón de árboles. En un estudio realizado en 2004 la investigadora Nathalie Roccatti estableció que en la zona metropolitana solamente San Pedro cumplía los estándares internacionales con 18 metros cuadrados (m2) por habitante, seguido de San Nicolás, con 6.1 m2; Monterrey, 4.8; Guadalupe, 3.3; Santa Catarina, 2.4; Escobedo, 2.2, y Apodaca, 1.7 m2; sin embargo, más que campañas de arborización en los últimos años se han destacado algunos ecocidios: la construcción del nuevo estadio de futbol de los Rayados por Grupo Femsa y las continuas reducciones al espacio del Parque Fundidora.
La industria de extracción de caliza, que ha depredado los cerros del Topo Chico, Las Mitras y la Sierra de San Miguel, ha sido responsabilizada de generar la mayor parte de la contaminación que afecta a los municipios de García, Santa Catarina, una parte de San Pedro, Escobedo y el poniente de Monterrey.
El 28 de diciembre de 2015, días después de fracasar en su intento de establecer la verificación vehicular al no contar con la aprobación del Congreso ni el apoyo de la sociedad, el gobierno de Nuevo León declaró una contingencia ambiental debido a concentraciones de 240 y 250 puntos IMECA, en San Pedro y Santa Catarina. Sin embargo, según el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) —que depende del gobierno estatal y cuenta con 10 estaciones—, a más de un mes de anunciado plan para regular las pedreras y tras revisar al azar datos de cuatro días entre el 17 y 29 de noviembre, no se presentaron índices satisfactorios de calidad del aire.
El gobernador de Nuevo León había señalado que el aire estaría más limpio, pero al subir nuevamente los puntos IMECA, con la llegada de las bajas temperaturas y los fenómenos de inversión térmica, dijo hace unos días en reunión con organizaciones: “Aunque, emblemáticamente, las pedreras eran el demonio de la contaminación, sabíamos que sólo eran del 3% al 5% del total de la contaminación”. Por eso ahora quiere ir sobre empresas como Pemex, transporte público de pasajeros y privado de carga.
A integrantes de la sociedad civil dijo en tono de reproche: “el ente que más contamina es el automóvil; cuando lo he dicho me va como en feria, muchos se van encima de mí, muchos de ustedes prefieren ver niños con problemas respiratorios, tienen hijos o nietos y no aceptan que tienen que verificar su vehículo”.
Según la secretaría de Desarrollo Sustentable, en la entidad hay más de 2 millones de vehículos que emiten el 45% de las sustancias contaminantes; la revisión, según el gobernador, costaría “méndigos 400 pesos”, que los nuevoleoneses no quieren pagar por desconfianza en prácticas de corrupción que hubo en el pasado. Pese al problema de contaminación, el gobierno de Nuevo León destinó para 2017 al rubro de Protección Ambiental solamente 94 millones de pesos, 19.4% menos que en 2016.
