IMPULSO/Octavio Rodríguez Araujo
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Véase como se vea o quiera verse, la Guardia Nacional en formación (por decisión de López Obrador) es no sólo anticonstitucional (por ahora) sino una variante de la militarización de la seguridad pública, militarización que hace unos meses se criticaba desde las posiciones de Morena en la campaña y que, además, no sólo no resolvió los problemas de la inseguridad en el país sino que ésta aumentó, al igual que el número de muertos y desaparecidos.
No hay forma de justificar la estrategia del nuevo presidente en relación con la seguridad pública formando una Guardia Nacional, por más que haya hablado de que ésta tendrá un giro distinto tanto al ejército como a la marina: es militar y será militar; y así es porque tanto la capacitación (entrenamiento) como su dirección son y serán militares (por razones de disciplina, trató de explicar AMLO en “La silla roja” (El Financiero, 8/01/19). No es cierto que esté subordinada a un civil o, en todo caso, está tan subordinada como el mismo ejército y la marina pues ambas corporaciones, al igual que la Guardia Nacional como está pensada, dependen jerárquicamente del presidente de la República.
En Uruguay hubo un presidente civil (Bordaberry) que no pudo con los guerrilleros conocidos como Tupamaros. Para atacarlos llamó al ejército y éste los combatió. Al poco tiempo ese presidente terminó cediendo su poder civil a las fuerzas armadas, pactando con ellas hasta que lo sustituyeron imponiendo una dictadura militar. Esto no ocurrirá en México (esperamos todos), pero no puede negarse que el ejército, además del fuero militar, tiene condiciones de privilegio en muchos sentidos. Así por ejemplo, ¿quiénes de los secretarios de Estado de Peña Nieto tuvieron el honor de que el presidente electo López Obrador los visitara en sus respectivas oficinas? Sólo los secretarios de Defensa y de Marina. ¿Por qué esa deferencia del presidente electo con las fuerzas armadas?
AMLO ha dicho que las fuerzas armadas son leales e institucionales y ha presentado como argumento probatorio que desde el intento golpista del general Cedillo en 1938 no ha habido otro. Pero parece no recordar el papel que algunos elementos de esas fuerzas armadas jugaron en el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia en 1962, en el movimiento médico de 1965 (médicos y enfermeras militares), en el estudiantil de 1968, en el 10 de junio de 1971 (entrenamiento de “halcones”), en la formación de la Brigada Blanca en los gobiernos de Echeverría y López Portillo, en los cercos y genocidios en la zona neozapatista de Chiapas en 1995 y años siguientes, ni tampoco en los sucesos de Iguala, según se dice, en 2014 contra los estudiantes de Ayotzinapa. ¿Todo eso, más otros sucesos que no apunté, fueron institucionales? Quizá no, pero no se sabe que a quienes los realizaron ¿individualmente? les hayan dado castigos ejemplares en el interior de sus instituciones o desde juzgados civiles.
El mensaje que está tratando de dar AMLO es que la orientación y las acciones de las fuerzas armadas dependen de quién esté al frente de ellas. Él ha dicho que ahora tanto militares como marinos respetarán los derechos humanos, que no se reprimirá a nadie por razones políticas o por sus formas de pensar y hablar… ¿Y antes de él? Los militares han aceptado que sus acciones como policías no tenían (ni tienen todavía) fundamento legal, pero aceptaron las órdenes superiores de actuar como policías sabiendo que no eran constitucionales. ¿Qué pasó con la institucionalidad y respeto a la Constitución de las fuerzas armadas?
Lo que estamos viendo es que el presidente está convocando a muchos jóvenes para que se integren a la Guardia Nacional sin que ésta exista legalmente. Vemos también que se usa al ejército para “resguardar” instalaciones petroleras como si estuviéramos en Estado de sitio o como si los trabajadores de esas instalaciones fueran delincuentes a pesar de que son parte del “pueblo bueno y sabio”. Y si se sospechara de que entre ellos hay delincuentes ¿por qué no usar la policía ministerial para que investigue y presente ante la justicia a quienes se les demuestren ilícitos? ¿Porque entre los policías hay corrupción? ¿Y no ha habido entre los militares que durante años hicieron del contrabando, por ejemplo, una forma de vida que se veía en las tiendas del ejército donde se vendían hasta cigarros estadounidenses, además de muchos otros productos extranjeros antes de que México entrara en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)?
¿No dijo AMLO que la violencia no se combatiría con violencia? La Guardia Nacional será militar bajo mando militar, por lo menos tanto como el ejército y la marina. ¿No usará la violencia? ¿Saldrá a las calles sin armas y sin éstas enfrentará a los sospechosos de ser delincuentes y al crimen organizado? Permítaseme dudar de esto y de la cuarta transformación en este rubro. No veo diferencia alguna con la estrategia de Calderón y de Peña que tanto fue criticada por el candidato de Morena ahora presidente. Veo, esto sí, que se está militarizando el país y que no es esto lo que se nos ofreció antes de las votaciones del pasado primero de julio. Personalmente no tengo nada en contra del ejército o de la marina como instituciones, pero no me atrae la idea de que cumpla funciones de policía aunque se llame Guardia Nacional. No es casual que varios gobernadores hayan señalado ante los diputados que la propuesta de la Guardia Nacional genera confusión sobre su naturaleza: ¿es civil o es militar? Y más todavía: ¿sustituirá al Ministerio Público en la investigación de delitos?
Como bien dijera la doctora en Derecho, Catalina Pérez Correa (El Universal, 08/01/19), “La Guardia Nacional significa la claudicación de uno de los compromisos básicos planteados en nuestra Constitución desde hace más de 100 años: que los militares, salvo declaratoria de guerra, deben estar en los cuarteles. Es también el abandono del proyecto de una nación civil.” Lo suscribo.
