Ignacio Morales Lechuga
Mientras algunos de sus ideólogos buscan nuevas palabras para darle
justificación social, racionalidad política y mejores argumentos económicos al
régimen-gobierno de la 4T, ¿otros en ese círculo se atreverían a decirle al
Presidente que después de 15 meses de “transformaciones” hoy tenemos
objetivamente no más, sino menos Estado?
¿Y que el debilitamiento real del Estado y el deterioro de la institucionalidad
promovida por la 4T –no “los conservadores”– son los factores que
mejor explican el descenso en la aceptación presidencial, y una nueva y
reactiva frustración que parece brotar y expresarse en movimientos sociales
organizados, lo mismo que en muestras de reprobación y rechifla que últimamente
acompañan al Presidente incluso cuando visita santuarios tabasqueños?
Datos duros: Con la llegada a México del coronavirus podría pensarse que el
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias habría de prepararse con más
presupuesto de la Secretaría de Salud para enfrentar la contingencia. No es
así. El más reciente Informe de las Finanzas Públicas, divulgado por la
Secretaría de Hacienda, indica que la Secretaría de Salud registró en enero de
2020 un subejercicio de 3 mil 174 millones de pesos, al gastar sólo 2 mil 465
millones de los 5 mil 839 programados para ese mes.
En un país donde 53 millones de habitantes padecen fuertes rezagos en servicios
de salud y en calidad de vida ¿cómo sacar del error a quienes califican como
“ahorro” el incurrir en subejercicios presupuestarios que solamente
evidencian impericia grave, irresponsabilidad o incapacidad administrativa?
El tamaño del retroceso en algunos servicios de salud es el que da certeza a la
sensación de una demolición de las instituciones del Estado y del
incumplimiento de sus deberes sociales. El contraste es notable entre esos
datos y los del gasto expansivo dirigido a programas con chanfle electoral
directo, como Jóvenes Construyendo el Futuro, que pasó de 103 millones de pesos
en enero 2019 a 1 mil 123 millones el primer mes de este año.
Las estancias para mujeres víctimas de violencia o las guarderías infantiles
organizadas por la sociedad –debilitadas y aquejadas desde antes de 2019 por la
insuficiencia de recursos, y afectadas por corrupción e ineficiencia– requerían
de una cuidadosa cirugía mayor. Lo que han encontrado de parte de un gobierno
que pregona su compromiso popular ha sido su desaparición y muerte.
Bajo pronósticos de un gasto público que se verá aún más limitado por la caída
en la actividad económica y la menor captación fiscal, México espera un
compromiso más real y no dogmático del gobierno federal en la defensa verdadera
de lo público, en la recuperación del rumbo de las inversiones productivas, del
crecimiento, el empleo y el desarrollo, de los servicios de salud, de la
seguridad pública y del bienestar que se mide con indicadores generales, no con
aplausos en espacios controlados, pero que terminan en abucheos.
Las mujeres maltratadas, violadas, heridas y asesinadas reflejan una tragedia
agravada por la duda de la legitimidad de su lucha y por la indiferencia desde
sectores del gobierno que las habían apoyado para lograr el respeto a sus
derechos esenciales. La marcha del día 8 y el paro del 9 han de ser una nueva y
fuerte sacudida a la conciencia nacional e internacional sobre la violencia de
género en toda su amplitud.
Se duda de la autenticidad del movimiento de las mujeres porque han exhibido la
incapacidad gubernamental de la 4T, muy poco empática con los dramas y
tragedias cotidianas.
Si el podio mañanero, convertido en púlpito, permanece en la recitación de
dogmas y salmos o en la cansada repetición de buenas intenciones; si quien
puede dar todavía una oportuna corrección de rumbo no lo hace, el país ahondará
su estancamiento y será más vulnerable a las convulsiones que se dibujan y a
las que se avecinen dentro y fuera del territorio nacional. En ese