IMPULSO/ Agencia SUN
Estados Unidos
José Inés García Zárate, el mexicano de 45 años deportado cinco veces de Estados Unidos, fue declarado no culpable este viernes del asesinato de la estadounidense Kate Steinle, un caso que despertó el debate sobre política migratoria, la mano dura contra indocumentados y la necesidad de acabar con las “ciudades santuario”.
García Zárate, que era buscado para una sexta deportación en el momento de los hechos (julio de 2015) demostró que el disparo de bala que acabó con la vida de Steinle fue accidental y evitó así ser condenado por homicidio. El jurado popular de San Francisco sí lo declaró culpable de tenencia de arma de fuego.
García Zárate nunca negó haber disparado, pero siempre argumentó que fue un accidente. El jurado le dio la razón. El mexicano sigue haciendo frente a una orden de deportación inmediata.
El presidente Donald Trump había usado su caso como ejemplo para promover su política antiinmigratoria y pedir tolerancia cero contra los indocumentados que, de forma reiterada, son deportados y regresan a EU.
El caso fue tan emblemático que Trump lo usó más de una vez en su discurso y la Cámara de Representantes incluso nombró una propuesta de ley como “Kate’s Law”, en la que se pretendía incrementar las condenas de cárcel y multas por entrar a EU sin documentos. La iniciativa no superó el trámite en el Senado.
La decisión del jurado no sentó bien en la administración Trump. El fiscal general, Jeff Sessions, dijo en un comunicado que la muerte de Steinle es una muestra de que dejar libres a indocumentados es un peligro para la seguridad.
“Cuando las jurisdicciones deciden retornar a las calles a extranjeros criminales en lugar de entregarlos a las autoridades migratorias federales ponen la seguridad pública en riesgo”, dijo Sessions, asegurando que su departamento seguirá trabajando para evitar que aquellos que debieran ser deportados no puedan causar daño al país.
“Urjo a los líderes de las comunidades a reflexionar sobre el resultado de este caso, y considerar el daño que hacen a sus ciudadanos rechazando colaborar con los agentes de seguridad federal”, agregó.
San Francisco es una delas principales “ciudades santuarios”, que se niegan a colaborar con las autoridades migratorias a riesgo de perder financiación federal.
El caso de José Inés García Zárate fue utilizado para justificar más restricciones a las ciudades santuario.
