IMPULSO/Irene Tello Arista
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En el 2017, el Inegi registró 31 mil 174 víctimas de homicidio doloso. Sin embargo, en nuestro país solo 1 de cada 8 homicidios dolosos reciben una sentencia, ya que para este delito existe una impunidad de 87.5%. En el 2017, la Envipe reporta que en el país se cometieron 33.6 millones de delitos. Sin embargo, la probabilidad de que un delito sea denunciado y esclarecido es de tan sólo 1.14%. Vivimos una crisis de inseguridad y de impunidad, de eso no hay duda, sin embargo, algunas de las propuestas para hacerle frente que se incluyen en el Plan Nacional de Paz y Seguridad dejan de lado la importancia de fortalecer y reformar las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia. Y es que la propuesta de crear una Guardia Nacional y de continuar con la estrategia de militarizar a las instituciones de seguridad pública genera un incentivo perverso para dejar de lado el esfuerzo por profesionalizar las policías. Parece que es necesario volver a repetirlo: la labor de la Marina y el Ejército no es dedicarse a tareas de seguridad pública ni de procuración de justicia.
Otro de los puntos que se consideran en el Plan Nacional de Seguridad contempla que al erradicar la corrupción se podrá combatir la delincuencia. Aunque es importante sancionar los actos de corrupción, establecer que con el combate a la corrupción se mejorará la procuración de justicia en el país es un error. Desde la campaña, López Obrador ha hecho mucho énfasis en que terminar con la impunidad en casos de corrupción traerá consigo una disminución de la impunidad en otros delitos. Esto no toma en cuenta que nuestro sistema de justicia está colapsado, incluso con los pocos delitos que sí se denuncian los niveles de ineficacia en las labores de investigación y de esclarecimiento de los delitos por parte de las policías, procuradurías y fiscalías es abismal.
Es importante cerrar las brechas salariales que existen entre los policías, fiscales y jueces y lograr que estos actores hablen un mismo idioma, sin embargo, cómo podrán coordinarse estos actores con agentes del Ejército y la Marina si responden a lógicas distintas. Otro de los factores que no considera esta propuesta del Plan es que la Ley General de Responsabilidades Administrativas ya contempla algunos actos de corrupción como delitos graves que merecen sanciones penales. Lo trágico de todo esto es que los cambios a los tipos penales del código penal que se crearon para sancionar estos casos no entran en vigor hasta que se nombre al fiscal anticorrupción.
Por otro lado ayer se aprobó en el Senado el dictamen de la ley orgánica de la fiscalía. La ley orgánica es condición necesaria más no suficiente para tener una Fiscalía General eficiente, autónoma e independiente. El proceso de la creación de la Fiscalía General se tiene que seguir de cerca para garantizar que realmente se rediseñe la institución de procuración de justicia en el país.
No existen soluciones mágicas para los problemas de inseguridad e impunidad. Sin embargo, preocupa el mensaje contradictorio que manda el equipo de transición y la nueva legislatura al aprobar la ley orgánica para crear una Fiscalía General, junto con las propuestas de militarización de la seguridad pública que se proponen en el Plan Nacional de Seguridad. Si lo que se desea es empezar a combatir la delincuencia y reducir los niveles de impunidad se tienen que fortalecer las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia. Crear una Guardia Nacional no ayudará a lograr esto.
