IMPULSO/ Octavio Rodríguez Araujo
Analista Político
Hay temas en las políticas o decisiones de López Obrador que no me gustan o que me despiertan dudas serias. Ahora, en su rechazo a las críticas (que tienen derecho a expresarse, señalo), ya reparte credenciales de conservadurismo, de extremas izquierdas, de extremas derechas, de reformistas y progresistas. Dice que él no es autoritario, que es demócrata. Yo le quiero creer porque entiendo sus intenciones, pero en realidad no es tan demócrata como él se cree y sí es autoritario, pero lo disimula con consultas sin ninguna validez estadística para justificar algunas de sus decisiones. Ahí están como ejemplos más que probados la cancelación del aeropuerto en Texcoco, además de la amañada consulta del Tren Maya, la del Istmo y la refinería en Dos Bocas, Tabasco.
Me referiré, ahora, al mitin en Cuautla, Morelos, del 10 de febrero pasado. Ahí propuso oficialmente que se haría una nueva consulta para saber cuántos están a favor de la termoeléctrica en Huexca y cuántos en contra. Esta consulta será los días 23 y 24 de este mes (sábado y domingo). Cuando era presidente electo no podía hacer consultas válidas ni mucho menos vinculantes porque no tenía ningún apoyo legal para hacerlas. Pero ahora es presidente constitucional y, curiosamente, tampoco tiene apoyo legal para realizarlas. Las leyes pertinentes no se han reformado y él, incluso como presidente en funciones, no puede hacer consultas válidas ni vinculantes legalmente, no así como las ha planteado. Su consulta sobre la termoeléctrica es tan caprichosa como las realizadas en noviembre del año pasado y, por lo mismo, tan cuestionable como aquellas. Se hará en todo el estado de Morelos, cuya población, con datos del Inegi de 2015, era de 1 millón 903 mil 811 habitantes (digamos 2 millones para fines prácticos). De estos tienen derecho a votar un poco menos de un millón y medio de ciudadanos. Si votan 15 mil estaríamos hablando de alrededor del 1 por ciento, que es el porcentaje que votó, más o menos, en cada una de las consultas de noviembre del año pasado. ¿Cuántos votarán ahora por el sí y cuántos por el no? No lo sabemos, pero dudosamente la votación será representativa.
El discurso de AMLO en Cuautla fue para convencer de que votaran a favor de la termoeléctrica. Sus argumentos principales fueron que la experta en tratamiento y reutilización del agua, la directora de la Comisión Nacional del Agua, había dicho que la termoeléctrica no sólo no desperdiciaría agua sino que sería devuelta a los campesinos con buena calidad, incluso mejor. Yo le quiero creer, pero los grupos contrarios a la termoeléctrica dicen que no y que, además, el gasoducto de Tlaxcala, Puebla y Morelos para alimentar la planta es un peligro porque está a las faldas del Popocatépetl y en zona sísmica.
No deja de llamar la atención que a los enemigos de la planta eléctrica los tildó de ultraizquierdistas y que para él -así lo dijo- eran conservadores, conservadores porque no quieren cambiar nada. Con estos calificativos ahora AMLO no sólo tiene como adversarios (que no enemigos) a los fifís sino también a la extrema izquierda según su opinión. ¿Quiénes entonces son los que no están equivocados? Respuesta obvia: quienes no estén en contra de sus decisiones. Su apuesta sobre la termoeléctrica en Morelos es que su credibilidad como presidente, aumentada paradójicamente con el desabasto de gasolinas por su estrategia contra el huachicoleo, también aumentará en las tierras de Zapata porque él lo dice y así lo cree. Y, por cierto, en la mayor parte de las gasolineras de Cuernavaca, capital de Morelos, no hay gasolina Premium; sólo Magna. Y los despachadores dicen que eso se debe a que los consumidores de la Premium son fifís y tienen vehículos fifís, en tanto que los pobres y la clase media baja (que son mayoría) tienen vehículos que consumen Magna, la “verde”, la que sí hay y sí llega en pipas del exterior.
Quiero dejar constancia de que, desde el inicio del proyecto de la termoeléctrica en Huexca, yo he estado de acuerdo, así como estuve por la continuidad del aeropuerto en Texcoco que, como dice Agustín Basave (El Universal, 11/02/19), en lugar de suspenderlo “habría sido mejor castigar a los corruptos aeroportuarios y concluir el proyecto depurado” de éstos y con transparencia. De haberse depurado de corruptos o de haberse dejado a la iniciativa privada, la construcción y mantenimiento del aeropuerto de Texcoco, se hubiera ahorrado una gran cantidad de dinero y no hubiera terminado el asunto en manos del ejército, incluidas las ganancias que deje el aeropuerto de Santa Lucía, más otros privilegios que se le darán a las fuerzas armadas a cambio, supongo, de lealtad e incondicionalidad al gobierno de la llamada 4T.
¿Qué es lo que me preocupa entonces de las políticas y estrategias de López Obrador? Su inconsistencia. Para el Tren Maya, hasta donde se sabe, se ha invitado a capitalistas incluso extranjeros para su construcción y habilitación; para la termoeléctrica de Morelos se recomienda su habilitación porque la electricidad que se consume en ese estado es comprada por la CFE a empresas extranjeras en lugar de ser producida por la empresa dependiente del Estado mexicano (la misma CFE). En unos casos bienvenida la inversión extranjera, en otros no. También me preocupa que si uno de los criterios para cancelar Texcoco era el ambiental (con base en estudios de muy dudosa cientificidad), no se hayan hecho estudios de repercusiones ambientales y de otra índole para el Tren Maya y que la continuidad de la planta de Huexca se base en el criterio de la comisionada del agua exclusivamente y no también en estudios de quienes se oponen a ella aunque sean también de muy dudosa cientificidad.
No veo consistencia en las políticas y decisiones del presidente de la República, por más que en algunos casos las someta a consultas, a mi juicio, sesgadas e inútiles por cuanto a su representatividad y validez estadística. Lo de las estancias infantiles, por cierto, es una verdadera aberración de la que ya se han ocupado otros articulistas (recomiendo el análisis de Raúl Trejo Delarbre enhttp://www.cronica.com.mx/notas/2019/1109898.html del pasado lunes). Y de la iniciativa presidencial para que los funcionarios públicos no puedan trabajar (durante diez años) en empresas privadas después de su gestión en el sector público, lo primero que adelanto es lo que dice el artículo 5 constitucional: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.” ¿Es ilícito trabajar en la iniciativa privada después de haber sido funcionario público? No, salvo que se incumpla con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en lo que se refiere al conflicto de intereses (artículo 88). Pero nada más y sólo por un año después de dejar el cargo.
