IMPULSO/ Eliseo Lugo Plata
Toluca
Un fraude calculado en más de cincuenta millones de pesos, perpetrado en varios estados del país por funcionarios de SEDESOL, ha salido a la luz pública en el Estado de México a raíz de la denuncia realizada por uno de los afectados ante la Fiscalía Regional de Villa Guerrero.
Aunado a esto, seis de otras 310 víctimas de Parras de la Fuente, Coahuila, se han sumado a la carpeta de investigación número 130090360109213.
El caso ha sido radicado en el Juzgado de Control de Tenancingo bajo la causa 69/2016, las víctimas sólo esperan la liberación de la orden de aprehensión en contra de Alejandro Velázquez Garibay y María Victoria Navarro Maya, situación que puede alcanzar, de acuerdo a las investigaciones, a la maestra Narcedalia Ramírez Pineda, directora general del Instituto Nacional de Economía Social (INAES), dependiente de la SEDESOL.
La denuncia se hizo por fraude a raíz de que Velázquez Garibay y Navarro Maya ofrecieron créditos a fondo perdido a campesinos y productores para la creación de proyectos productivos, todo a cambio de un porcentaje del monto de los mismos.
Conforme avanzan las investigaciones, surgen más víctimas: 72 de Guadalajara, 70 en Puebla, 30 en Arteaga y Ramos Arizpe, Coahuila, 12 en Ciudad de México y una en Sultepec, además de una cantidad aún no determinado de personas de Atotonilco, Jalisco, Oaxaca y Zacatecas.
El fraude perpetrado en Parras a 310 productores asciende a 18 millones de pesos y el cometido en agravio de Gustavo Sánchez Betancourt, de Sultepec, asciende a siete millones 943 mil 492 pesos. Aún no se ha cuantificado el monto de los fraudes en las otras entidades, pero uno de los abogados de las víctimas, José Luis González Vargas, considera que es de aproximadamente otros 25 millones de pesos, por lo menos.
González Vargas ha señalado que tiene contacto con los abogados de las víctimas de las ciudades antes mencionadas y considera que también las hay en otras entidades.
Horacio Alberto Ramos y Gerardo Bracho de León, voceros de los afectados en Parras de la Fuente y miembros de los seis que vinieron a declarar ante la Fiscalía Regional de Villa Guerrero señalaron que el “enlace o gancho de Narcedalia Ramírez Pineda son Alejandro Velázquez Garibay y María Victoria Navarro Amaya”; sin embargo, por ahora, las denuncias han sido en contras de los dos últimos, pues es a ellos a quienes les han entregado el dinero solicitado como “adelanto” de los proyectos productivos.
La fiscal regional de Villa Guerrero, Laura Amalia González, ha seguido puntualmente el caso, y ahora solo esperan las víctimas la orden de aprensión por parte del Juez de Control de Tenancingo, Mario Benito Flores.
Por estos hechos, se inició la averiguación previa LII-PF022016 en Parras de la Fuente y los abogados de Coahuila y del Estado de México ya están en contacto con los defensores de otras víctimas en diversas ciudades para integrar una sola demanda y averiguación.
De acuerdo a las denuncias, el modus operandi de Alejandro Vázquez Garibay es mostrarse como representante del INAES y ofrecer créditos para proyectos productivos, haciéndoles saber que “van a fondo perdido”. Para infundir confianza en las víctimas, las invita a la Ciudad de México y los hospeda en una de sus casas de la Colonia Irrigación, los lleva al INAES y les presenta a los funcionarios de dicha dependencia.
A María Victoria Navarro Amaya, su esposa, la hace pasar como secretaria técnica de proyectos del INAES, a quien terminan depositando el dinero. Ahora, los abogados han logrado descubrir que quien está detrás de todo esto es la mismísima directora del INAES, Narcedalia Ramírez Pineda, también casada con Vázquez Garibay (primero de diciembre de 2015 en Oaxaca).
Cada proyecto productivo es de cinco millones de pesos, por lo que les piden 500 mil pesos para iniciar los trámites de “gestión”, dicha cantidad es reunida por grupos de productores ganaderos o agricultores para maquinaria agrícola e infraestructura. Algunos aportaron 40 mil pesos, otros un poco más de acuerdo a sus posibilidades.
Los defraudadores cuentan con toda una red de colaboradores para timar productores, estableciendo para ello una oficina en la Colonia del Valle de la Ciudad de México.
Horacio Alberto Ramos señaló que Alejandro Vázquez les prometió que los recursos se liberarían en un máximo de dos meses, pero, al no recibir nada, hicieron las denuncias, ante lo cual el denunciado ha comenzado a regresar parte del dinero.
Por estos hechos en Parras de la Fuente, Coahuila, se inició la averiguación previa LII-PF022016. Los abogados de aquel lugar y los del Estado de México ya están en contacto con los defensores de otras víctimas en diversas ciudades del país.
