IMPULSO/
Juan Francisco Torres Landa R.
Estamos muy próximos a llegar al segundo aniversario de la fecha en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a los cuatro integrantes de SMART para efecto de concedernos la razón en cuanto a que la política prohibicionista de drogas, tratándose de la marihuana, es contraria a los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. La pregunta obligada es en estos momentos: ¿qué ha pasado desde entonces? Tristemente debemos reconocer que ha pasado mucho menos de lo que en un país de instituciones sólidas y funcionarios razonables debiera suceder. Me explico.
Desde el cuatro de noviembre de 2015, ciertamente surgió a la luz pública la necesidad de platicar, para una gran mayoría de la población por primera vez, sobre la verdadera esencia y mérito de una política pública que en una resolución histórica el máximo tribunal del país decretó su anticonstitucionalidad. Las cifras abundan y son contundentes, la política de drogas es un desastre por donde se la vea.
Si las autoridades tan solo se atrevieran a reconocer que el problema de fondo radica en que el problema es de la rentabilidad de un negocio ilícito, entonces podríamos entender mucho mejor la ruta de salida específica.
No existe una sola razón, factor o cifra que apoye el seguir aplicando la política prohibicionista de drogas, y lo sabemos por partida doble. Durante ya más de ocho años no hemos encontrado una sola evidencia que lo apoye.
Tenemos un escenario complejo por la gravedad de los problemas que enfrentamos, pero relativamente sencillo para determinar cómo resolverlo. Ante tal acumulación de evidencia contra la política de prohibición de drogas, solamente encontramos tres razones posibles para explicar lo que pasa hoy en día: (a) las autoridades son ingenuas e incompetentes porque no entienden lo que pasa en el país (lo que es difícil comprender porque tienen la misma información que nosotros tenemos y mucha más con un impacto seguramente más artero y contundente de la inviabilidad de lo que hacen); (b) las autoridades son cómplices de la delincuencia organizada (y no porque necesariamente sean socios directos de la delincuencia —aunque en muchos casos no lo descartaríamos— sino porque el gasto público y ritmo de erogaciones permite un enorme dispendio de donde salen moches, comisiones y abusos a los que nos tienen tan acostumbrados); y (c) la única otra opción es alguna combinación de los dos factores anteriores.
Si todos los datos apuntan contundentemente a que la política pública de prohibición de drogas no funciona y que nuestro país debe regresar a tratarlo como un tema de salud pública, entonces hay que plantear por qué seguimos en esta ruta perdedora.
La operación y pregunta es si las autoridades quieren estar del lado de la Constitución, la lógica y el sentido común, o si prefieren seguir favoreciendo los intereses de la delincuencia organizada y el bienestar de su negocio ilícito. La pregunta la deben responder el Presidente, su Gabinete, senadores, diputados, gobernadores, presidentes municipales, y en general todo servidor público con cualquier participación en la materia. Debemos exigir que se pronuncien de una buena vez para saber de qué lado se encuentran en esta situación binaria. De su respuesta debe depender en gran medida lo que la población dedica hacer en los meses por venir al escuchar sus propuestas y pronunciamientos en las vísperas del proceso electoral 2018. Seamos exigentes y contestatarios para que no nos sigan engañando como han estado acostumbrados a hacerlo, en particular en todos los temas que inciden en cuestiones de corrupción e impunidad. Estamos frente a uno de los frentes que de mayor forma contribuyen a dichos temas, que son quizá los dos problemas más importantes que enfrenta el país. Por ello nuestra exigencia de una respuesta puntual y absoluta, que no admite sino una u otra opción. Al hablar de la seguridad y justicia del país no se vale seguir navegando con la bandera de la estupidez o la ignorancia.
