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ESPAÑA
Mariano Rajoy, presidente de España, anunció ayer el inicio de los trámites para cesar al mandatario del gobierno catalán.
Las funciones del gobierno catalán serán asumidas por el órgano que se designe desde Madrid. En principio, serán responsabilidad de los ministerios españoles, bajo la coordinación de Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta de España y ministra de facto para asuntos catalanes. Tomará durante los próximos meses las decisiones clave para “devolver a Cataluña al orden constitucional”, según el anuncio del presidente español.
El gobierno central también se atribuirá la competencia de disolver el Parlamento catalán y convocar elecciones autonómicas en un plazo máximo de seis meses; sin embargo,
“cuando se recupere la normalidad institucional”, Rajoy afirmó.
Las medidas forman parte de la activación del artículo 155 de la Constitución española, que permite suspender aspectos del autogobierno de una comunidad autónoma para asegurarse de que cumpla la ley. El gobierno de Rajoy aprobó activarlo ayer ante la amenaza de Cataluña de declarar la independencia.
El Senado, una de las dos cámaras del Parlamento nacional, debe ratificar todas estas acciones, que se prevé estén listas para el viernes y sean aprobadas sin problemas, con el consenso del Partido Popular, el Partido Socialista (PSOE) y Ciudadanos.
Rajoy había anunciado que su intervención del autogobierno catalán sería “limitada”, pero ayer sorprendió al reclamar todas las capacidades posibles: desde la posibilidad de tomar el control de la policía autonómica, a la de controlar los medios de comunicación públicos.
Aun así, insistió en que “no se suspende la autonomía ni el autogobierno, se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la Constitución”.
La decisión del gobierno central abre la posibilidad de que, a partir de las próximas semanas, se establezcan dos realidades paralelas en la comunidad: la del poder que asumirá el Estado y la de los catalanes que rechacen el 155 por considerarlo casi una invasión. Eso podría provocar problemas en prácticamente todos los departamentos públicos del gobierno catalán, que en muchos casos amenazan con negarse a obedecer las órdenes dictadas desde Madrid. Los cargos catalanes que no acepten su retirada del poder también podrían verse sujetos a castigos que aún no se han determinado.
Carles Puigdemont calificó como un “ataque” la activación del artículo 155 de la Constitución y anunció anoche que convocará al Parlamento catalán para “analizar la situación política actual” y qué pasos asumir, aunque no adelantó ninguno.
Puigdemont y todos los consejeros que ayer anunció Rajoy que serán depuestos participaron en una manifestación en Barcelona para exigir la libertad de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, dos activistas detenidos por incitar al acoso contra agentes de la Guardia Civil en las protestas vividas por Cataluña en las últimas semanas. Según la policía local, 450 mil personas participaron en la marcha, que se convirtió en un clamor en defensa del autogobierno catalán.
Razón, dignidad y paciencia. “Tenemos razón, dignidad y paciencia. Vamos a seguir resistiendo”. Así se expresaban Pere Solá.
“Algunos dicen que volvemos a 1936”, dijo él, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, citando el año de inicio de la Guerra Civil española (1936-1939).
A la marcha asistieron todos los miembros del gobierno catalán, incluido su presidente, así como importantes figuras políticas del secesionismo, como el ex jefe del Ejecutivo regional Artur Mas o la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, quien habló de “golpe de Estado”.
“Cuando hemos querido dialogar nos han contestado con la suspensión de la autonomía y cuando hemos querido votar nos han contestado con la porra”, dijo Mas, quien acusó a Madrid de “miopía política”.
“Lo que han hecho es una verdadera barbaridad, una vergüenza democrática”, dijo también Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT, el partido del mandatario de la región.
Puigdemont ha sugerido en los últimos días que la activación del artículo 155 le empujaría a declarar la independencia en el Parlamento. El debate podría ser el momento elegido para esa proclamación de la república catalana; sin embargo, esa decisión implicaría su detención y una pena de hasta 30 años por un delito de rebelión. La otra opción que se maneja para la salida de la crisis es que, antes de que el Senado apruebe su suspensión, él disuelva el Parlamento y convoque elecciones. Esta nota fue publicada originalmente por Jerónimo Andreu
