IMPULSO/Marco A. Rodríguez Blásquez
Artículo
En distintas ocasiones en este espacio he manifestado mi opinión referente a muy variadas decisiones que se han tomado durante la 4T, bajo el liderazgo del Presidente López Obrador. Me he referido a los diagnósticos apresurados; a la deficiente planeación que se ha implementado a fin de erradicar la corrupción de las instituciones públicas, a la mediocre preparación técnica de un número importante de servidores públicos cuyas posiciones en el nuevo gobierno se deben a la lealtad partidista.
Decisiones como la cancelación del aeropuerto del NAIM, del cual si bien se tenía conocimiento del negocio que representaba para importantes políticos y empresarios, quienes se dedicaron a especular con las extensiones de tierra que adquirieron desde 1999, correspondientes a ejidos colindantes con lo que sería el NAIM. Esta carrera por la adquisición de tierras fue lo que desató el enfrentamiento entre Guadalupe Buendía La Loba y la organización Antorcha Campesina, pero de esto nos ocuparemos en otra colaboración. Aun con la secuela de corrupción que acompañó a este proyecto, su cancelación anuló la posibilidad de contar con un aeropuerto digno, a la altura de los mejores del mundo.
Así mismo, me referí a la desacertada decisión de construir una nueva refinería, lo que propició que las calificadoras le restaran al país su calificación de capacidad crediticia, el haber disminuido el presupuesto a las universidades públicas, la eliminación de organismos públicos reguladores. Todas estas acciones, sin embargo, no mermaron la popularidad del Presidente.
No obstante lo anterior, debe reconocerse la voluntad política del Presidente AMLO, de enviar una iniciativa al Congreso a fin de llevar a cabo una reforma constitucional, que permitirá juzgar al jefe del ejecutivo federal en funciones y a los legisladores por los delitos en materia electoral y corrupción, reforma que ha sido sancionada favorablemente por los Senadores, faltando todavía la aprobación de los diputados, quienes por cierto han recibido línea de incorporar a los Gobernadores para ser sancionados por dichos delitos.
Esta reforma que empodera al ciudadano y le resta poder a los gobernantes, constituye un cambio profundo en lo que respecta a la eliminación del fuero constitucional, pero para que dicha reforma cobre efectividad, tendrá que impulsarse una cultura de la legalidad con profundo respeto a la ley y a la impartición de justicia. Deberá además garantizarse que, mediante su aplicación, el servicio público sea considerado para servir al ciudadano y no para servirse el auto interés.
¿Al entrar en vigor la citada reforma, cómo actuará el Presidente para fomentar esa cultura de la legalidad en los grupos de choque de la CNTE?, ¿se continuará permitiendo el bloqueo a las vías férreas, como sucedió en el estado de Michoacán?, ilícito que constituye un delito federal y que además ocasionó pérdidas millonarias a las ferroviarias nacionales y extranjeras, generando un quebranto en la industria automotriz, la acerera, y la agrícola. De igual manera, ¿con la reforma ya promulgada se seguirá permitiendo que un reducido grupo de golpeadores sitien la Cámara de Diputados y bloqueen el acceso al recinto legislativo de los diputados y el personal administrativo?
En referencia a los bloqueos en la Cámara de Diputados, en donde continúan las presiones de la CNTE, cabría la siguiente pregunta: ¿en las negociaciones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, tendrá mayor peso la decisión autoritaria del Presidente AMLO?, mediante la eliminación en la nueva reforma de todo aquello a lo que se opongan los maestros?, ¿o se impondrá el derecho consagrado en la Constitución, que tienen los niños para recibir una educación de calidad?, derecho que está por encima de cualquier otro,incluso del derecho laboral y no al revés, como contrariamente afirman los rijosos maestros de la CNTE, que pretenden manejar las plazas y los dineros con base en chantajes políticos.
Dir.Gral. BGC Consultoría
