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Toluca
Algunos dicen que Mauricio Macri le perdonó a su padre 70.000 millones de pesos (US$4,500 millones). Otros, que fueron cerca de 4.000 millones (US$258 millones). En cambio el gobierno dice que no se perdonó ni un peso y, por el contrario, la deuda se está cobrando completa.
Así de confusos son los números que rodean la polémica en torno al Correo Argentino, una empresa que perteneció a Franco Macri, padre del presidente argentino, y que quebró hace más de una década, dejando una millonaria deuda con el Estado.
La controversia surgió la semana pasada cuando una fiscal denunció que un acuerdo que alcanzaron en 2016 el gobierno y el grupo de Franco Macri para resarcir la deuda es “abusivo”.
La polémica fue tomando fuerza y se agravó este lunes cuando el presidente Macri fue imputado por el acuerdo, lo que abre la posibilidad de que sea investigado por la Justicia si un juez acepta la imputación.
BBC Mundo repasa la historia del Correo Argentino y explica los números detrás de la controversia.
Franco Macri y Correo Argentino
En 1997 el entonces presidente Carlos Menem otorgó por decreto la prestación de los servicios postales a la Sociedad Macri (Socma), fundada por Franco Macri. Mauricio Macri era en ese momento uno de los directivos del grupo. Cuatro años más tarde, en 2001, la empresa Correo Argentino entró en concurso preventivo (también conocido como convocatoria de acreedores), una medida que busca prevenir la quiebra.
La empresa tenía fuertes deudas que, según el grupo Macri, se debían a que el Estado no cumplió con las condiciones de la concesión, que incluían la exclusividad de la emisión de cartas documento. Por su parte el Estado acusó al grupo de no pagar los cánones anuales que también eran parte de las condiciones del contrato.
Las partes no pudieron alcanzar un acuerdo y Correo Argentino siguió en concurso preventivo. En 2003, el presidente Néstor Kirchner rescindió por decreto el contrato de concesión a Socma “por incumplimiento de canon” y reestatizó Correo Argentino, adueñándose de sus activos, pero no de sus pasivos (como hizo con otras estatizaciones).
Ese mismo año la Justicia comercial decretó la quiebra de la empresa. La Justicia estimó que la deuda de Socma con el Estado (uno de los acreedores de Correo Argentino) era de casi 300 millones de pesos (US$19 millones). Es la única cifra sobre la que todos coinciden.
Sin embargo, durante los 12 años de kirchnerismo, las partes no pudieron ponerse de acuerdo sobre los intereses adeudados y los plazos para la devolución.
Así, el actual gobierno de Mauricio Macri heredó el conflicto. Y en junio de 2016, aceptó una oferta de Socma, que es la que está generando la enorme polémica.
El grupo de Franco Macri propone pagar los 300 millones de pesos en 15 años con una tasa del 7% anual. Según el gobierno, eso permite que finalmente se pague el capital total adeudado más otros 300 millones de pesos en intereses. Es decir, 600 millones de pesos en total (unos US$39 millones).
Sin embargo, la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, emitió la semana última un dictamen que cuestiona ese acuerdo, considerándolo muy perjudicial para el Estado. La funcionaria estimó que la deuda actualizada de Socma supera los 4.000 millones de pesos (US$258 millones). Y si se toma en cuenta el año final del pago de la deuda en 15 cuotas (2033), lo adeudado sería más de 70.000 millones de pesos (US$4.500 millones).
El funcionario que representó al Estado en el acuerdo con Socma, Juan Morocoa, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, señaló que el cálculo está mal hecho. “En este caso la deuda es en pesos, entonces es absolutamente incorrecto hacer un parangón con el dólar”, afirmó.
Por otra parte, el gobierno resaltó que tampoco deben calcularse los intereses, ya que en este caso no aplican. En efecto, el artículo 19 de la ley de quiebras argentina establece que la deuda original se congela al momento de decretarse un concurso preventivo.
Es decir que desde lo formal, el gobierno pareciera tener razón cuando dice que el acuerdo es bueno, porque finalmente logra que el Estado cobre los 300 millones de pesos adeudados. Y además se cobra un 7% anual por el plan de cuotas.
Sin embargo, los críticos dicen que ese 7% anual está muy por debajo de la inflación del país, lo cual licúa fuertemente el monto adeudado. Es decir, esos 600 millones de pesos valdrán mucho menos en 2033 de lo que valen hoy. Y muchísimo muchísimo menos de lo que valían en 2001, cuando se contrajo la deuda.
Además, expertos legales resaltan que existe jurisprudencia que actualiza la ley de quiebras y que permite el cobro de intereses, para hacer frente al problema de la inflación.
Ética
Más allá de los números, también hay quienes cuestionan la moralidad del acuerdo. “Si en vez de ser Mauricio Macri el presidente de los argentinos fuera Juan X y su gobierno decidiera finalmente alcanzar un acuerdo, podría ser más discutible“, señaló el periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon.
“Podría decirse que este acuerdo se logró después de 16 años, que el gobierno es proempresa y que quiere cobrar al menos algo del dinero antes de que se termine de licuar esta deuda“, agregó en el programa LN+.
“Pero al ser Mauricio Macri el presidente se empieza a complejizar, hay duda de si hay conflictos de interés, si hay una cuestión de ética pública”, dijo, recordando que en el grupo Macri están los hermanos y los hijos del presidente, además de su padre.
Durante una conferencia de prensa el lunes, el jefe de Gabinete Marcos Peña señaló que “la transparencia y legalidad” del acuerdo “es total” y se mostró abierto al escrutinio.
“Vimos con muy buenos ojos que investigue la Oficina Anticorrupción, que investigue el Congreso, que investigue la Justicia, que investiguen todos los órganos de control que así lo requieran”, invitó. “Estamos absolutamente tranquilos”, remarcó la mano derecha de Macri, quien atribuyó la polémica a que es “un año electoral”.
Por ahora, la última palabra la tendrá la Justicia. La Cámara de Apelaciones en lo Comercial deberá decidir si homologa el acuerdo. Y el juez federal Ariel Lijo definirá si hay méritos para avanzar con una causa penal contra el presidente.
Con información de BBC Mundo
