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Toluca
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha firmado un decreto que modifica la ley migratoria con el fin de acelerar los procesos de deportación y prohibición de ingreso en el país de extranjeros que hayan cometido delitos graves, según publicó el 30 de enero el Boletín Oficial de la Nación.
La “regulación inmediata” de los cambios será aplicable a aquellos casos en los que extranjeros se encuentren involucrados en hechos delictivos y a quienes hayan entrado de forma clandestina en el país, eludiendo el control migratorio.
Para razonar estas modificaciones, en el Boletín se explica que el número de inmigrantes en las prisiones del país se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35 % de la población carcelaria y que, en relación a los delitos vinculados al narcotráfico, el 33 % de los presos son extranjeros.
Entre las causas para impedir el ingreso y permanencia de extranjeros se encuentra “haber sido condenado o estar cumpliendo condena, o tener antecedentes o condena no firme” en Argentina o el exterior por delitos que según las leyes argentinas merezcan prisión, así como de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas.
También haber incurrido “en actos de gobierno o de otro tipo”, que constituyan genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad y de cualquier acto susceptible de ser juzgado por la Corte Penal Internacional.
El Boletín incluye además a quienes tengan antecedentes por terrorismo, hayan participado en la promoción con fines de lucro del ingreso ilegalmente de extranjeros o hayan presentado documentación falsa para obtener beneficios migratorios. Igualmente, a quienes se lucren con la prostitución o hayan sido condenados o tengan antecedentes por delitos de corrupción.
Como excepciones, el Gobierno señala que podrá admitir en el país, “únicamente por razones humanitarias, de reunificación familiar o de auxilio eficaz a la justicia” en determinadas condiciones, a los extranjeros que se encuentren en algunos de esos supuestos y los que hayan cometido delitos que en Argentina no excedan los tres años de prisión.
Además, se destaca que se podrá cancelar la residencia que se hubiese otorgado cuando el extranjero, entre otros supuestos, hubiese sido condenado, dentro o fuera del país, por delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos y tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas.
Este endurecimiento de la política migratoria argentina se viene debatiendo desde las últimas semanas, con críticas por parte de la oposición y organizaciones sociales, que han acusado al Gobierno de utilizar datos “sesgados” para “responsabilizar” a los extranjeros de los delitos de narcotráfico.
Un estudio de la consultora independiente Poliarquía difundido el martes, reveló que ocho de cada diez argentinos están a favor de prohibir el ingreso y permanencia de extranjeros con antecedentes penales y con acelerar su expulsión, aún sin condena firme de la justicia. Estos cambios en la política migratoria fueron dispuestos la víspera por un decreto del presidente Macri.
Pero al mismo tiempo, esta nueva visión genera resquemores con países vecinos mientras organismos de defensores de derechos humanos advierten que estigmatiza a los extranjeros y viola acuerdos internacionales.
“Al igual que el gobierno de (Donald) Trump, Macri está criminalizando la inmigración por decretos ejecutivos que modifican normativas nacionales y compromisos internacionales ya asumidos”, afirmó Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980 y miembro del Servicio de Paz y Justicia, en declaraciones a The Associated Press.
En respuesta a las críticas, la vicepresidenta Gabriela Michetti declaró que el gobierno argentino tiene “una idea totalmente opuesta a Trump” en materia migratoria. El mandatario estadounidense aplica “una política proteccionista para todos los países, quiere estar en contra de procesos de integración de Estados Unidos”, mientras Argentina “es un país abierto que siempre va a estar a favor de la diversidad”.
El decreto estableció un beneficio de residencia a todo extranjero que haya ingresado ilegalmente al país a través de una organización delictiva y denuncie a sus cabecillas. Los extranjeros afectados por la nueva normativa que carezcan de medios económicos tendrán derecho a asistencia jurídica gratuita.
