IMPULSO/ Agencia SUN
Buenos Aires
En Argentina, todo migrante que llegó en los últimos años está regido por la Ley de Migraciones, de espíritu liberal. Sin embargo, las cosas están cambiando. A principios de año, el gobierno de Mauricio Macri lanzó un plan de lucha contra el narcotráfico y anunció un mayor control en las fronteras, vinculado a la migración. En agosto, el gobierno anunció la creación de un centro de detención de infractores de la Ley de Migración.
Considerado el país del cono sur con la más amplia tradición migratoria, el 4.5% de su población es de origen extranjero, de acuerdo con cifras del censo nacional. Ahora el gobierno prepara un decreto para modificar la ley de Migraciones y poner en marcha mayor conectividad para detectar antecedentes penales, una tarjeta de tránsito vecinal fronterizo y la rápida expulsión de los inmigrantes irregulares. De acuerdo con las versiones, los ministerios de Seguridad y del Interior son los que preparan la medida.
“Parece haber un desplazamiento: de la regularización de migrantes al control y la restricción”, comentó Diego Morales, director del área de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las ONGs más importantes del país. “Se intenta asociar criminalidad y migración”, explicó Morales, del CELS, aunque sólo el 6% de los presos es extranjero.
Hace unos días este grupo presentó un informe titulado “Situación de los derechos humanos de las personas migrantes” con 77 señalamientos y sugerencias a las autoridades. Esto se da al tiempo que el Comité de la ONU que evalúa el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) alista un informe sobre el caso Argentina y la tendencia restrictiva en la migración.
A principios de noviembre, el senador Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque kirchnerista, dijo que “el problema es que siempre funcionamos [en materia de inmigración] como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú”. Sus declaraciones generaron protestas a nivel diplomático por parte de los gobiernos de Bolivia y Perú ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI).
