IMPULSO/Beatriz Mojica Morga
Artículo
Los primeros 30 días de gobierno en la Cuarta Transformación arrojan saldos de incremento en la violencia, un rompimiento con el Movimiento Zapatista, un encontronazo con los ministros de la Suprema Corte de Justicia, la inconformidad de varios gobernadores y órganos autónomos de cara al PEF 2019; una llamada de atención de la ONU por la Ley de Seguridad Interior, y un clima de polarización y encono producto del deceso del matrimonio Moreno-Alonso.
Gobernar en estos tiempos es vivir al filo de la navaja, con la crisis acechando a cada momento. No podría ser de otra manera: es la herencia de un régimen que fracasó y la indefinición de otro que aún no empieza.
México vive una transición hacia algo que no es preciso aún, pero lo que sí es evidente, es el propósito del gobierno federal de dominar la agenda de las discusiones con anuncios que “dan nota”, como la apertura de Los Pinos, el arranque del megaproyecto del Tren Maya y la cesión al Ejército del control de la Guardia Nacional.
En un breve lapso, tuvieron salidas mediáticas apresuradas —por decir lo menos— como la declaración de la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, respecto al aumento en la edad a 68 años para recibir la Pensión de Adultos Mayores, y su posterior desmentido mediante un tweet. La triunfal expresión de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, de que en cinco días la Segob logró resolver la crisis migratoria en Tijuana, que generó un ácido desmentido del alcalde Juan Manuel Gastelum. O de plano la descalificación del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, hablando de las cuentas alegres de un hombre triste, para referirse a Meade.
El deceso de la gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle, pondrá a prueba la capacidad del nuevo gobierno para corregir un inoperante sistema de procuración de justicia. Para ello se allegó con el auxilio de expertos extranjeros. La desconfianza en las instituciones se hereda y hoy le toca a AMLO estar del otro lado. Lo menos que puede ofrecer es una investigación seria.
La discusión que viene será la aprobación del marco jurídico que posibilite al Ejército asumir el mando de la Guardia Nacional, proceso que está bajo la mirada de la ONU; la CNDH; cientos de ONG`s agrupadas en el movimiento #SeguridadSinGuerra, y la propia Suprema Corte de Justicia.
No hay soluciones fáciles, mucho menos rápidas. El escenario de violencia y la inseguridad se agravan, las víctimas aumentan. No sobra repetir que el fuego no se combate con el fuego; ya quedó demostrado que más armas y patrullas no son la solución.
Por ello, estemos atentos al ofrecimiento de una política de seguridad distinta. El planteamiento para emprender acciones con un enfoque multidimensional que atienda las causas sociales y económicas de la violencia. Hoy, no vemos los cómos en el presupuesto.
Perseguir el dinero de la delincuencia organizada y combatir la corrupción al interior de las corporaciones, son procesos que se ofrecieron en el pasado reciente, pero nunca se llevaron a la práctica. Espero que esta vez, sí ofrezcan resultados.
El reto del 2019 es disminuir la violencia y eso requiere un sistema de justicia eficaz; inversiones en cultura, educación, desarrollo económico y combate a la pobreza. Con la aprobación del presupuesto se acaban las ambigüedades, pero no queda claro todavía que en seguridad, haya un más allá que la Guardia Nacional y la militarización.
