IMPULSO/ Francisco Rivas
El país registró en los primeros tres meses del año las mayores tasas de incidencia de delitos violentos desde que contamos con una estadística pública oficial.Aún sin los datos de abril, la incidencia de homicidios, secuestros, extorsiones, violaciones y robos parece mantener su comportamiento al alza, por lo que podemos pronosticar que 2019 terminará rompiendo el récord de 2017 y 2018 respectivamente, como el año más violento de nuestra historia contemporánea.
Sin embargo, el presidente López opina diferente. Hace días afirmó que los tres ejes de su estrategia (la Guardia Nacional, el combate a la corrupción y los programas sociales) lograrán revertir esta situación y ya en octubre veremos los efectos benéficos de sus decisiones.
En papel, la aventurada apuesta del gobierno federal podría sonar pertinente, al país le urge reducir los índices de corrupción, mitigar la brecha de desigualdad que existe entre las personas y contar con una estructura federal que apoye la labor de las autoridades locales de seguridad y justicia. El problema estriba en la unidimensionalidad con la que se diagnostica el problema.
En principio, sus ejes presentan deficiencias —la militarización de la seguridad, la ausencia de un proyecto para la Guardia Nacional, la vulneración del prestigio de Policía Federal, la falta de acciones tangibles que combatan la corrupción, que cada vez más se hagan asignaciones directas, la vulneración de los órganos de supervisión y de los contrapesos—, mientras se omiten aquellos factores clave para apoyar dicha política.
Además, la transferencia directa de recursos del Estado al ciudadano no resuelve otras formas de desigualdad como la que cada mexicano vive frente a la aplicación de la ley.
Debemos recordar que la población objetivo de los programas sociales son aquellos jóvenes en condiciones fácilmente vulnerables y no precisamente quien ya delinque. ¿Qué tan probable es que un secuestrador, un gatillero, uno de esos delincuentes —que la autoridad señala como responsable de múltiples robos y múltiples accesos al sistema penitenciario— vaya a registrarse para recibir 2 mil 400 pesos de apoyo para estudios universitarios o 3 mil 600 pesos para capacitarse en un centro de trabajo? ¡Sumamente improbable!
De hecho, la política se dirige a una población muy específica de 18 a 29 años, cuando muchos jóvenes inician su carrera criminal en la adolescencia temprana.
La política de López Obrador, Jóvenes Construyendo el Futuro, me parece un excelente incentivo para mantener los estudios y fomentar la adquisición de competencias laborales en este sector de la población. En contraste, el creciente desempleo y la desaceleración económica inhiben que el mercado laboral genere trabajos bien remunerados y se produzcan nuevas empresas exitosas.
Jóvenes Construyendo el Futuro no resuelve los incentivos sociales que empujan a un adolescente a vivir como delincuente. Por sí misma, dicha política no permite construir un aprecio hacia la ley y las instituciones, ni es capaz de romper con estructuras familiares que viven de lo ilícito. Tampoco resuelve la debilidad del Estado en hacer respetar los derechos de cada persona.
Por ello, los necesarios programas sociales no verán efectos de pacificación del país en seis meses como lo prometió el jefe del Ejecutivo federal, como tampoco los verán en tres años tal y como —en abierta contradicción por lo dicho por el presidente— aseguró el secretario de Seguridad, Durazo.
La indudable importancia de la subsidiaridad debe ser analizada y evaluada como una política de desarrollo social de largo respiro que, eventualmente, ayudará a reducir la delincuencia y no como una pieza de una estrategia de seguridad a corto plazo.
Esto es imperativo si no queremos correr el riesgo de que, debido a promesas sin fundamento, Jóvenes Construyendo el Futuro y los otros programas sociales, quieran ser eliminados por ser incapaces de reducir la violencia.
Twitter: @frarivasCoL
