Margarita Zavala
Ahora voy a referirme al sistema educativo, cuyas debilidades se han vuelto más evidentes con la emergencia sanitaria. Para empezar, de acuerdo con la Constitución Mexicana, “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez garantizando de manera plena sus derechos”. El respeto de la garantía de los derechos de la infancia no depende de que haya o no pandemia. Sin embargo, en todas las discusiones, presentaciones y propuestas del gobierno, los niños y las niñas son nombrados —si acaso se les llega a mencionar— de manera marginal.
Antes del Covid, estábamos mal. De entrada, la reforma educativa significó en sí misma un retroceso. Más aún, para el 2020 el Instituto Nacional de Evaluación Educativa fue cancelado, el presupuesto de este año resultó peor que el del año pasado porque, en lugar de redistribuirlo para reforzar la calidad educativa en favor de los niños y niñas mexicanos a través del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, lo que se mostró fue un presupuesto que favorece la discrecionalidad en la asignación de plazas, para el pago de cuotas y clientes.
Así fue como llegamos a la pandemia con un sistema educativo debilitado que hoy muestra exponencialmente sus desventajas. Y aquí todos tenemos que hacer una reflexión con respecto al rol que jugamos en el sistema educativo. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta de la falta de “comunidad” educativa; los padres no saben quiénes son los maestros, los maestros no conocen bien a sus alumnos, los niños y niñas no saben cómo comunicarse con la escuela o con sus maestros. Ante tanta desinformación, no había ni hay manera de decidir adecuadamente, por ejemplo, en el caso de una tarea.
Las escuelas sufren una carencia evidente en infraestructura básica para enfrentar cualquier situación, no tienen manera de comunicarse ni colaborar con sus alumnos. Así es que de nada sirvió para el bien común el quedar bien con los “clientes” a través de las cuotas. Hemos caído en la cuenta de que, para emergencias sanitarias, no se tenía nada planeado, si acaso, solo el recuerdo de la influenza del 2009 y el protocolo para filtros de ingreso de los alumnos y alumnas.
Pero el Covid es distinto. Durante cuatro meses, niñas y niñas no fueron a clase, algunos pocos tuvieron la suerte de tener instrumentos tecnológicos que les permitieran comunicarse con sus maestros y tomar lecciones que los maestros hicieron como pudieron. Decir y reconocer que niños de primaria y secundaria no tuvieron clases durante cuatro meses obliga a una urgente planeación e inversión en el tema educativo. Porque hasta ahora todos pierden: maestros y maestras, papás y sobre todo los propios niños y niñas que se están dando cuenta que va a llegar el día en que tengan que volver a la escuela y nadie les ha ayudado para que estén al corriente. ¿Para qué nos sirvieron los tres meses en los que tardó en diagnosticarse el primer caso de Covid?
Para colmo, no vemos más que un gobierno federal que, a través de una falsa austeridad, obliga a las Secretarías a un subejercicio que permita al ejecutivo aglutinar el poder y disponer discrecionalmente del dinero público de manera clientelar. Lo que, sobra decir, no genera un cambio en la calidad educativa.
En estos meses, entre desinformaciones, desórdenes, malos hábitos del gobierno, no hemos caído en la cuenta del drama educativo que estaremos viviendo en los próximos años. El poder totalitario y las dictaduras sólo se consiguen en una sociedad que tiene o sufre de un deficiente sistema educativo.
