: Más allá de proponer una constitución moral los candidatos a la Presidencia, deberían proponer acciones para reducir la impunidad.
Irene Tello Arista
En la película “The Post”, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks, se presenta la historia de la investigación periodística sobre los Archivos del Pentágono, publicada en el New York Times y el Washington Post en 1971. Esta película muestra el impacto que tuvo la prensa estadounidense al dar a conocer información clasificada que evidenciaba la forma en que varias administraciones del Gobierno de Estados Unidos habían mentido al público respecto a las acciones emprendidas en la Guerra de Vietnam.
La osadía de la labor periodística consistió en dar a conocer información confidencial y en oponerse a la determinación de la Corte de mantener oculta las averiguaciones de esta pesquisa. La decisión de hacer público este informe estaba motivada, además del ego periodístico de obtener una primicia, por el deseo de contribuir a la rendición de cuentas de las instituciones públicas.
Traigo esta película a colación porque el pasado martes 20 de febrero se realizó la tercera y última entrega de los resultados de la fiscalización de la cuenta pública del año 2016 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La ASF es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados que se encarga, a grandes rasgos, de examinar la forma en que se ejercieron los recursos públicos federales que se habían programado en el presupuesto. Para hacer esto, la ASF realizó un total de mil 865 auditorías a diversos organismos y sujetos que manejan dinero del erario. Como resultado de las auditorías que realiza, la ASF puede promover una serie de acciones dependiendo de los resultados obtenidos. Estas acciones pueden ser recomendaciones a los entes auditados, solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, así como el inicio de procesos ante otras dependencias gubernamentales debido a la identificación de irregularidades en la forma en que se ejerce el presupuesto público.
La ASF puede informar al SAT respecto a posibles evasiones fiscales y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre conductas de funcionarios que tengan implicaciones de responsabilidad administrativa. Incluso puede presentar denuncias penales ante la PGR por hechos ilícitos en el uso de recursos públicos.
Muchas de las noticias de desvíos de recursos públicos que hemos conocido en los últimos días por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Desarrollo Agrario (SEDATU) se desprenden de las auditorías de la ASF y de las áreas de riesgo que identifica. A diferencia de lo que ocurre en la película, toda esta información es pública y generada por una instancia dedicada exclusivamente a la rendición de cuentas.
Sin embargo, la labor periodística cobra importancia por la opacidad respecto a la impunidad en estos casos. Si analizamos el informe respecto a las observaciones y acciones que la ASF ha promovido, se observa que, de 2011 a 2016, se han promovido nueve mil 662 acciones de responsabilidad administrativa sancionatoria, seis mil 553 de las cuales se dan por concluidas sin que sepamos con fiabilidad si la SFP aplicó las sanciones administrativas correspondientes. También se desprende del informe que se han interpuesto 815 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR). En el informe de 2015 de la ASF, se reportó que sólo 30 denuncias habían sido resueltas, sin que ello implique que algún funcionario recibió una sanción.
Más allá de proponer una constitución moral o un registro nacional para las necesidades de cada persona, los candidatos a la Presidencia pueden empezar a proponer qué acciones pueden reducir la impunidad en las irregularidades que detecta la ASF. @itelloarist
