Por José Antonio Crespo
Profesor afiliado del CIDE
La captura de Emilio Lozoya podría rendir los siguientes frutos: 1) Un gran distractor frente al desgobierno sanitario y económico; 2) un poderoso instrumento político-electoral para golpear a opositores diversos y sus partidos, de cara al 2021; 3) un precedente importante para reducir estructuralmente la corrupción y la impunidad; un maxi-proceso. El tercer propósito (lingotes de oro, como decía Francisco Barrio, secretario de la Contraloría con Vicente Fox), es el que le vendría bien a la ciudadanía en general y al país en su conjunto, pero Amlo podría poner mayor énfasis en los dos primeros (los cacahuates). Si queda en eso, volveremos al viejo esquema según el cual lo importante era una ganancia política e inmediatista, pero no construía prevenciones eficaces para el futuro. Así ocurrió durante los gobiernos priístas y panistas con los resultados a la vista; no sirvieron para mucho, más allá de legitimar al presidente en turno por algún tiempo. En esa lógica se inscribieron los procesos a Jorge Díaz Serrano, Arturo Durazo, La Quina, Raúl Salinas y, más recientemente, Elba Esther Gordillo. En este sexenio ha prevalecido hasta ahora esa misma pauta. Para un efecto estructural y duradero se requiere la aplicación de la ley con un criterio sistemático y universal (caiga quien caiga, hasta dónde llegue) más que selectivo y partidario.
Por ejemplo, la prisión de Rosario Robles tiene una buena dosis de venganza personal (mientras quedan libres otros corresponsables). Con Lozoya se asume que se le brindará un castigo menor (y la impunidad de su familia) a cambio de su información. Lo cual se justificaría si dicha información permite llegar a más arriba (Videgaray, Peña). Pero si queda en sólo atacar opositores menores (legisladores, líderes partidistas), que hayan recibido dos millones de pesos como soborno, quedará perfectamente claro que se optó sólo por el uso político de la justicia y no el combate serio a la corrupción. Lo que hasta ahora hemos visto sugiere que Amlo prefiere lo primero. Por ejemplo, antes de la elección de 2018, ofreció al gobierno de Peña no perseguirlo a cambio de que le permitieran llegar al poder “para que no sientan que se le viene el mundo encima”. Pero los pactos “en lo oscurito”, se hacen y se rompen según convenga. Y quizá por la crisis actual, convenga romperlo.
En seguida, si bien Amlo insistía en que en materia de corrupción tendría que llegarse hasta arriba, después dijo preferir olvidarse de llamar a cuentas a ex presidentes para “no anclarnos en el pasado” (el mismo argumento de Fox al optar por cacahuates en lugar de lingotes). En cambio, frecuentemente lanza acusaciones con fines políticos y mediáticos pero sin suficiente fundamento para judicializar el caso debidamente. O como vimos con Eduardo Medina Mora, ex magistrado de la Suprema Corte, se le presionó para que dejara su cargo (y ser ocupado por un leal de Amlo), a cambio de impunidad (al menos hasta ahora). Un claro uso político de la justicia. Habría que ver si también se llama a cuentas a posibles infractores que ahora estén en Morena o si con ellos se dará trato preferencial. O quizá se penalice a algunos correligionarios que no gocen del apoyo presidencial (se habla de Barbosa). Por lo pronto, el uso político del caso Lozoya exige que el proceso no se lleve en público, y así administrar la información según convenga políticamente a Amlo. Para evitar lo cual servirá muy bien el pretexto de la pandemia. No sabemos si de todo esto el país saldrá ganando algo sustancial y duradero en materia de corrupción e impunidad (lingotes de oro), o sólo será usado políticamente por el gobierno, como antes (meros cacahuates).
Twitter: @JACrespo1
